El campo de Castilla y León ha reclamado  que la nueva PAC esté orientada a los profesionales y que prime la sostenibilidad económica y social de las explotaciones agrarias, quedando este aspecto equilibrado con la ambición ambiental.

Así, se une a las reclamaciones que ya se hicieron desde Andalucía y desde la región de Murcia de cara a la reunión que tiene prevista celebrarse este miércoles con el Ministerio y en el que se terminarán de esbozar los principales ejes del plan estratégico nacional de la futura PAC.

La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se reunía a finales de la semana pasada con las OPAS para analizar conjuntamente la propuesta del ministerio que marcará las bases de la PAC a partir de 2023, que se va a caracterizar por la mayor ambición ambiental que se va a tener en cuenta para percibir las ayudas, los ecoesquemas, o el Feader, ha informado la consejería en nota de prensa.

Una PAC que basada en los agricultores profesionales

La Junta ha indicado que su visión en común con las organizaciones agrarias parte del principio de que los nuevos requisitos deben ser compensados de forma adecuada, siguiendo una triple vertiente medioambiental, económica y social, todas ellas dirigidas a mantener una actividad que recuerdan que es la base económica de las áreas rurales.

Han defendido un modelo de PAC basado en la agricultura formado por profesionales agrarios y aunque están de acuerdo con la propuesta del ministerio de que quien reciba las ayudas tiene que percibir al menos un 25 por ciento de sus ingresos de la actividad agraria, han considerado que debería incluirse la necesidad de estar afiliado a la seguridad social agraria.

Sobre el relevo generacional y el apoyo a la mujer, han pedido una «apuesta clara» para que tengan más protagonismo en las actividades económicas del medio rural, por lo que han aceptado la propuesta de incrementar las ayudas un 10 por ciento a la renta de estos grupos.

Como petición en este ámbito, Castilla y León reivindica incrementar el número de hectáreas que pueden beneficiarse de estas ayudas pasando de las actuales 90 hectáreas a 120.

Respecto a destinar un 60 por ciento de todas las ayudas directas a la ayuda básica y retraer un 20 por ciento para distribuirla en una franja de primeras hectáreas de cada beneficiario, con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones, el sector en la comunidad plantea que se reduzca el peso financiero de este pago al mínimo y se dirija a las explotaciones más profesionales.

Sobre la simplificación de las regiones productivas planteada por el ministerio, que supondría pasar de las 50 actuales a unas 20, Castilla y León comparte esta medida, aunque advierte que el nuevo modelo regional «debe evitar distorsiones territoriales respecto a la financiación global».

De los ecoesquemas, la comunidad ha planteado al ministerio una propuesta alternativa consistente en un ecoesquema único con un paquete de medidas que puedan ser elegidas voluntariamente por agricultores y ganaderos, ante una propuesta del gobierno central que ven «aún poco desarrollada».

Por último, Castilla y León apuesta por un paquete de ayudas asociadas que mantenga las existentes, incluyendo la remolacha y cultivos proteicos, y se incrementen especialmente en las ayudas dirigidas a sectores ganaderos, por ser más sensibles similar a la propuesta del ministerio, al que pide que no se reduzcan ayudas al vacuno y se incorpore un Plan Sectorial Nacional para el ovino-caprino.