Gran parte de la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para paliar las protestas en el campo se centran en la PAC, pese a que todo indica que se prevé un recorte importante en los fondos agrícolas en el presupuesto europeo. Por eso, el Gobierno quiere redirigir hacia lo que denomina “clase media” de agricultores, procediendo a un reparto distinto de las ayudas por hectá rea, dejando de lado a las grandes explotaciones que limitarían en 60.000 euros el techo de ayuda o capping.

Y lo podrá hacer gracias a que en un par de años la decisión sobre quién se beneficiará de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) dejará de ser de la Comisión Europea y pasará a manos de los Estados miembros. Todavía queda un debate «duro» en Bruselas, dicen en el sector, donde avisan de que cuando Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura ya se permitió a los gobiernos diseñar sus planes de ayudas, aunque el Gobierno del PP las dejó casi tal y como estaban, según recoge Clara Pinar en 20minutos.es.

La diferencia ahora es que Sánchez quiere utilizar esta potestad para redirigir el destino de las ayudas, de manera que ya no serían las grandes explotaciones que funcionan por sí mismas y que hoy son las mayores receptoras de unas subvenciones que se dan a la hectárea. A la inversa, el Gobierno tampoco cree que explotaciones menores en manos de personas o familias que no tienen el campo como su medio de vida (los llamados agricultores de sofá) sea el destino más apropiado de las ayudas.

El plan de Sánchez podría llevarse a cabo casi al final de legislatura, puesto que no está previsto que la PAC reformada eche a andar hasta 2022-2023

Si el gobierno obtiene luz verde de Bruselas para discriminar las ayudas en función de la menor competitividad de los cultivos o de quién lo necesita más, los beneficiarios serán los agricultores que viven del campo y en zonas donde la economía depende dela renta agraria.

Este es el plan que Sánchez podría llevar a cabo casi al final de legislatura, puesto que no está previsto que la PAC reformada eche a andar hasta 2022-2023. En todo caso, la posición del Gobierno se centrarás en un nuevo diseño del destino de las ayudas y redirigirlas para dejar de subvencionar grandes explotaciones que funcionan y ayudar a pequeños y medianos agricultores que viven del campo.

Asimismo, España apoya la propuesta de la Comisión para limitar a 60.000 euros la cantidad máxima de ayudas al año (capping), aunque defiende elevarla a 100.000 si se crea empleo, lo que permitiría a las cooperativas más grandes poder acceder a esta mayor ayuda.

Por su parte, la eurodiputada socialista Clara Aguilera adelanta «una guerra de guerrillas» cuando el Gobierno se ponga a redistribuir las ayudas agrícolas, no ya entre comunidades, sino entre provincias, por ejemplo en Andalucía. «Es socialmente escandaloso que una enorme explotación vayan ayudas por importe de 600.000 eurosde ayudas públicas», dice Aguilera, que vuelve a lo que defiende el Gobierno en Bruselas con la idea de «hacer una distribución distinta [para beneficiar a quienes tienen más dificultad». El PSOE considera que repercutiría no solo en los propietarios, sino en todo el territorio que depende de sus explotaciones.