Recientemente, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social de la Tesorería General, resaltaba que el número de autónomos agrarios en alta no se ha recuperado tras la crisis. Sin embargo, los nuevos datos revelan que por cada autónomo agrario profesional, el que trabaja la tierra o cría ganado, hay dos o tres que simplemente son ‘agricultores de sofá’, los que cobran ayudas pero no trabajan la tierra gracias a los llamados derechos históricos.

Según un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) sobre el rendimiento económico de las actividades profesionales de los autónomos, en España ya hay dos ‘agricultores de salón’, casi tres según algunos cálculos, por cada agricultor que realmente se dedica a cultivar la tierra o criar ganado: los primeros son más de 650.000 mientras los segundos no llegan a 250.000, según indica  la UPTA y recoge Eduardo Bayona en publico.es.

Y un buen ejemplo de esto es que según los datos del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), en las cinco mayores ciudades españolas están domiciliados 61.335 perceptores de ayudas de la PAC, casi la mitad de ellos (25.903) en Madrid.

Los agricultores de sofá y los derechos históricos, un reto ante el próximo Plan Estratégico

Una situación que justifica que recientemente desde COAG se hiciera un detallado informe donde se refleja la evolución real de un campo cada vez más ‘uberizado’ y advertía de que que las últimas crisis de precios en el sector del aceite de oliva, frutas y hortalizas, leche o vino, tienen mucho que ver con los síntomas de este cambio de modelo y en relación a ello ha señalado que lo más perjudicados por la “uberización del campo” serán los 344.000 agricultores más profesionalizados.

Los agricultores de sofá son propietarios de tierras y de zonas de pasto que no explotan pero cuya titularidad les permite desde hace casi dos décadas llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados “derechos históricos”.

Por eso, y con toda la preocupación y exceso de celo, desde el MAPA se insiste en poner sobre la mesa este debate y abrir la puerta a que en la discusión del próximo Plan Estratégico Nacional se pueda plantear la posibilidad de poner fin a los derechos históricos de la PAC

La Estadística de Rendimientos de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria, cuya última edición se basa en los datos de la declaración de IRPF de 2017, suma 898.442 declarantes en el sistema de estimación objetiva agrícola, ganadera y forestal, la cual, como en el resto de sectores, incluye tanto a los profesionales con dedicación exclusiva o principal al campo y/o la granja como a “los declarantes con ingresos marginales resultado de actividades no habituales”.

Sin embargo, esas casi 900.000 personas, entre las que no se incluyen quienes tributan por el sistema de atribución de rentas por administrar sus propias sociedades o ser socios trabajadores de cooperativas (declaran sus ingresos como rentas del trabajo pese a cotizar como autónomos), no son, ni de lejos, la plantilla real de agricultores del país, según indican las dos fuentes estadísticas más fiables sobre el mercado laboral español, que rebajan el número en una horquilla que va de los 450.000 a los 650.000.

(Foto: Recurso)