La bajada del IVA de los alimentos del Gobierno sigue provocando el enfado del sector agrario, que debe asumir una nueva carga financiera, en especial los productores en régimen general de IVA. Desde la entrada en vigor del Real decreto ley 20/2022 de 27 de diciembre, los productores de leche, queso, aceite, cereales, huevos, legumbres, tubérculos, fruta y hortalizas tienen que continuar asumiendo el IVA de los insumos necesarios para la producción (piensos, fertilizantes, energía, etc.), mientras que la venta de los alimentos que producen están exentos, o se ha reducido temporalmente. Este hecho los perjudica a efectos tributarios, porque no podrán reclamar el IVA hasta finales de año. Esto implica que no se les devolverá el IVA soportado hasta el 2024 (en algunos casos, a finales del año próximo).
Hasta el 1 de enero, tanto agricultores como ganaderos repercutían, por un lado, el IVA a sus clientes (IVA devengado), y por otra, soportaban el IVA de sus compras (IVA soportado), e ingresaban la diferencia entre los dos trimestralmente. Durante los próximos 6 meses, en cambio, el IVA de los alimentos básicos ha quedado suprimido, mientras que el del aceite y las pastas alimentarias pasan del 10% al 5%.
A partir de la entrada en vigor del decreto, no podrán reclamar el IVA de los alimentos que producen hasta diciembre, pero sí que tienen que mantener el IVA habitual ante sus proveedores.
Ante esta situación, la organización agraria JARC denuncia que esta situación es aún más complicada para aquellos agricultores y ganaderos que se han mantenido en el régimen especial hasta el 2022, pero que por renuncia o exclusión en el 2023 estarán en el general. Estos tienen que hacer un inventario sobre todos aquellos productos generados, pero que no se han vendido o utilizado, dado que tienen derecho a la compensación del 12% pero el IVA no se podrá solicitar hasta finales de año.
La entidad considera «inadmisible que se sume una nueva carga financiera a los productores, en la situación actual. El sector agrario ha sido fuertemente castigado, tanto desde el punto de vista económico, puesto que ha sufrido problemas de liquidez con una gran crisis de precios, a la que se ha sumado un importante aumento del coste de las materias primas y energía, derivadas del conflicto bélico de Ucrania; como por las pérdidas provocadas por las climatologías adversas».
Es una verdadera verguenza que las medidas electoralistas del gobierno, que si bien pueden estimarse como necesarias para paliar los efectos de la inflación en las familias, las paguen los más débiles de la cadena agroalimentaria: agricultores, ganaderos o agrupaciones de ellos -por cierto muy fomentada la asociación por las Administraciones Agrarias, que lógicamente facturarían por el régimen general- que están en este Sistema de Estimación Directa, bien por realizar inversiones o bien porque facturen más de 250.000 euros, y entre los que nos encontramos jóvenes que nos hemos incorporado a la actividad en explotaciones agrarias, como puede ser de frutos secos, como es la almendra, en donde los precios se han mantenido a los mismos niveles que en el año anterior mientras que los precios de los insumos, tales como fertilizantes (incrementos del 100% en algo más de un año), un 50% en gasóleo y electricidad, otro tanto en fitosanitarios, maquinaria de recolección (coste horario de la maquinaria de recolección contratada ha subido algo más de un 30%), etc. etc. lo que significa también que el IVA soportado y recaudado de inmediato por la Administración, ha subido respecto al año anterior en la misma proporción que nuestros insumos, mientras que el precio de la almendra se mantiene y ello sin tener en cuenta que casi la mitad de las explotaciones de almendra en España han sufrido daños por heladas que mermó la cosecha en casi un 40% de media y en algunos casos casi con daños del 100% que el Seguro Agrario no indemniza, bien porque hay muchos agricultores que no lo suscriben o bien porque los que lo suscribimos en muchas ocasiones Agroseguro no nos reconoce la producción que realmente tenemos sino la que ellos estiman al margen de la opinión de sus peritos que revisan las peticiones de incremento de rendimientos para adaptarlos a la realidad, de tal manera que cuando hay un siniestro la mayor parte de las veces no es indemnizable porque la evaluación del daño se calcula no en porcentaje de la cantidad asegurada sino sobre la real que tienes, que en algunas ocasiones es tres veces superior a la que han estimado a la hora de hacerte la Póliza, con lo cual en estos casos jamás será indemnizable un siniestro a no ser que sea del 100%. Ahora al quitarnos el IVA que podemos repercutir en nuestra venta a la Cooperativa en la que comercializamos, pasando del 4 al 0% ni siquiera podremos compensar un poco ese incremento del IVA soportado y del cual el mayor beneficiario es la Administración que para nuestro mismo nivel de compras de insumos que el año anterior medido en Kgs/Kwh/m3/litros, recauda muchisimo más que antes gracias precisamente a ese incremento de precios de los inputs. En consecuencia es un atropello más al sector agrario y una verguenza que una Administración que se define como «de estar al lado de la gente» sea tan insolidaria con un sector tan fundamental para el pais. Parece mentira que no provoque ningún comentario en ninguna de las Administraciones Agraria ni nacional ni autonómica, el hecho de que el IPC de los alimentos haya subido en 2022 un 15,7% de media (el triple que el IPC general que es del 5,7%) al mismo tiempo que la Renta Agraria respecto a 2021 ha descendido un 5,5%. Esto significa que parece que el sector agrario no ha sido el beneficiario de esta subida de precios ya que ha perdido renta, y por tanto esto debería ser tenido en cuenta por una Administración que dice ser sensible con la gente que lo pasa mal,….aunque parece que el balance resultante a ella no le va nada mal y al final quienes pagamos esas medidas antiinflacionarias somos uno de los sectores que más inflación padecemos y la sufrimos porque entre otras cosas no podemos repercutirla en los precios de los productos vendidos, que ya se sabe que cuando hay precio no hay producto porque a todo ello hay que agregar que la producción agraria depende mucho de la climatología, de ahí la disminución de la renta agraria.
La consecuencia de todo ello es que encima de que los precios de nuestros medios de producción se han incrementado exageradamente y no hay visos de que vayan a bajar significativamente, ahora además en un entorno de tipos de interés altos tendremos que financiar durante más de un año IVA soportado que nos lo devolverá la Agencia Tributaria al año siguiente, como muy pronto yendo todo bien, a no ser que ande mal de liquidez y unos dias antes de que expire el plazo para devolver -6 meses de duración del expediente desde que se presenta hasta que resuelve- no nos solicite documentación y de esa forma se demora el tema otro año más. Esto creo que es un verdadero atropello y desde estas páginas pido a las Organizaciones Profesionales Agrarias que nos representan que apelen a las instancias superiores necesarias para que no lo hagan efectivo.