Aunque parezca una cuestión de estética no lo es. Uno de los grandes debates que se debe cerrar dentro del Plan Estratégico Nacional será el peso específico y la figura del agricultor genuino, o quiénes tiene derecho a percibir las ayudas de la PAC. El Ministerio ha propuesto que tendrán derecho al cobro los que, en principio, tengan entre un 20 y un 30% de sus ingresos como agrarios, aunque abre la puerta a que todos los que cobren dentro de un umbral de 2.000 euros quedarían exentos de tener que cumplir los requisitos de esta figura del agricultor genuino.

Pese a todo, con estas normas, desde Andalucía se aseguraba hace unos días que si se aprueba que solo tengan derechos de percepción de las ayudas los tengan entre el 20 y el 30% de sus ingresos agrarios, «cerca del 40% de los agricultores y ganaderos andaluces y gaditanos se quedarían fuera de las ayudas. Se debe pagar no por el ratio de las ayudas sino por la labor que se haga para lograr una agricultura real».

En este sentido, si se cruzan los datos del Ministerio con los de la Agencia Tributaria, el porcentaje de perceptores que se quedarían fuera de las ayudas oscilaría entre el 29 y el 39% , en función del baremo que se aplique. Así, si el porcentaje final es del 20%, prácticamente uno de cada tres se quedaría fuera de las ayudas en España (29%); si se sube al 25%, la cifra se incrementa hasta alcanzar el 34%; y se cierra el umbral máximo del 30% de los ingresos, uno de cada cuatro agricultores y ganaderos se quedaría sin las actuales ayudas.

Por otro lado, el cobro medio de los derechos de la PAC en España es de 4.238 euros por beneficiario, pero solo cinco CCAA (Castilla y León, Aragón, Extremadura, Navarra y Madrid) cobran por encima de esa media. El resto de perceptores cobran bastante menos de media, según el último informe del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) sobre la aplicación de este régimen de ayudas en España.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las explotaciones más pequeñas son, con carácter general, las más pluriactivas y las menos dependientes de los ingresos agrarios, por lo que podría estar justificado establecer criterios de elegibilidad referentes al nivel de pluriactividad.

En concreto, respecto a la degresividad de los pagos, el Ministerio detalla la posibilidad, según marca el reglamento que propone Europa, de aplicar los siguientes tramos:

a) Una reducción del 25% para el tramo comprendido entre los 60.000 y los 75.000 euros.

b) Una reducción de hasta el 50% para el tramo entre 75.000 y 90.000 euros.

c) Una reducción de hasta el 85% por encima de los 90.000 euros.

Un debate que, por ahora, a nadie convence pero que se deberá cerrar antes de seis meses, que es el plazo que se ha marcado el ministro para presentar el Plan Estratégico Nacional ante la Comisión Europea-