La crisis de los precios de la uva esta vendimia se está recrudeciendo por todo el país y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado a todo el sector el día 16 para afrontar esta crisis y donde, según fuentes consultadas, «esperemos que hable claro sobre los precios», ya que los viticultores exigen que se pague para cubrir costes como recoge la Ley de la Cadedna Agroalimentaria. En este sentido, desde el sector en Castilla-La mancha se recuerda que ya hay un estudio de varias universidades que estable cuál debería el precio a pagar por la industria y cooperativas y donde se refleja que los costes medios de producción de la uva en CLM oscilan de 0,155 a 0,417 euros/kilo mayoritariamente por encima de lo que quieren pagar en esta vendimia.

A la espera de esa reunión, los viticultores redoblan la vigilancia sobre los precios que reciben por sus producciones de uva en esta vendimia, porque alertan de cotizaciones bajas que ven injustificadas y aseguran que «no les temblará la mano» a la hora de denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentario prácticas abusivas.

Así lo indican en declaraciones a Efeagro las principales organizaciones agrarias (ASAJACOAG y UPA) en esta semana en la que la vendimia sigue avanzando en España marcada este año no sólo por esas cotizaciones sino también por las medidas sanitarias implementadaspor todo el país  en el campo para evitar contagios de covid-19.

LAS TABLILLAS DE PRECIOS «NO ESTÁN ATENDIENDO A LA SITUACIÓN REAL DEL SECTOR Y HAY QUIEN QUIERE QUE EL AGRICULTOR PAGUE LOS PLATOS ROTOS»

En Asaja, que han celebrado este miércoles 9 una Sectorial nacional del sector, hablan de un «grave problema» porque las tablillas de precios recogen reducciones «de un 30 y un 40%» respecto a los establecidos el año pasado, según José Ugarrio, perteneciente a los servicios técnicos de esta organización.

Hay agricultores de la zona de Valdepeñas que han llegado a paralizar la recogida «a la espera de tener una reunión con el Consejo Regulador» para intentar solventar este problema porque «no hay ningún tipo de justificación» ya que la producción no es tan alta y las existencias no son mayores que las del año pasado.

«Es cierto que la pandemia ha influido» en el consumo y la salida de vino pero, aún así, no ve argumentadas dichas cotizaciones y cree que «se han podido aprovechar las circunstancias actuales para tirar a la baja».

El responsable del Vino de COAG, Joaquín Vizcaíno, estima que las tablillas de precios «no están atendiendo a la situación real del sector» y defiende que la incertidumbre generada por la covid-19 ha sido un «río revuelto» utilizado por algunos industriales para «aprovecharse del eslabón más débil».

Tampoco ve argumentos para tirar a la baja el precio porque habrá «un descenso del 8 % en las salidas» y las nuevas previsiones de producción rebajan las estimaciones iniciales, debido a episodios de fuerte calor o pedrisco recientes, de tal forma que la cosecha estará «por debajo de la media».

La situación es de cierta estabilidad, por lo tanto, y se debería reflejar en los precios en origen pero, sin embargo, «se nos están aplicando bajadas de un 30 y hasta un 40 % en las uvas más básicas» por todo el país, ha remarcado.

Según el responsable del sector del Vino de UPA, Alejandro García, hay bodegueros que «se están aprovechando» para que los agricultores sean quienes paguen los «platos rotos por el coronavirus».

Asegura que si la campaña de comercialización no es tan favorable, «todos tienen que apretarse un poco el cinturón» porque «lo que no puede ser es que bajen más de un 30 % los precios respecto al año pasado y sin cubrir los costes» algo que, recuerda, prohíbe ya la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

En ese sentido, detalla que UPA también ha mantenido reuniones con la AICA para estudiar denuncias porque «hay que aplicar la ley» y reitera que «no le temblará la mano» si tiene que sacar a la luz «prácticas abusivas».

SITUACIÓN POR LA COVID-19

En cuanto a la covid-19, Ugarrio (Asaja) remarca que «todos» son conscientes de la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y en esa labor de concienciación está participando su organización que está informando a los productores agrícolas sobre la forma de proceder para proteger a los trabajadores de las explotaciones por todo el país frente a este virus.

Le gustaría que «parte» de los costes asociados a todo ello, como la realización de pruebas PCR, corriera a cargo de las administraciones como está haciendo la comunidad autónoma de La Rioja.

Vizcaíno (COAG) indica en esa misma línea que el coste de hacer PCR a todos los vendimiadores es «muy importante» y por eso pide también la colaboración de las autonomías.

Asegura que se están estableciendo «medidas» pertinentes como las distancias de seguridad, el uso de epis y «un contacto mínimo» entre empleados a los que les pide también que minimicen riesgos en los alojamientos.

Por parte de UPA, García remarca que los viticultores son «los primeros» interesados en adoptar todos los controles y subraya que están «muy concienciados» sobre ello, igual que los temporeros.

Son conscientes, añade, que si no adoptan las precauciones necesarias por todo el país podrían verse confinados y sin poder recoger la uva, por lo que perderían la cosecha.