La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha informado en las últimas horas que terminó una revisión regulatoria en la que determinó que el glifosato no es carcinógeno siempre que se utilice adecuadamente.

La conclusión reafirma la postura de la agencia sobre este agroquímico, a pesar de los juicios realizados en Estados Unidos que han condenado a Bayer a pagar multas millonarias a personas que supuestamente sufrieron cáncer debido al mal uso del herbicida.

«La EPA ha concluido que no hay riesgos de preocupación para la salud humana cuando el glifosato se usa de acuerdo con la etiqueta y que no es un carcinógeno», dijo la agencia en un comunicado.

Antes, en 2016 la EPA ya había considerado al glifosato como “probablemente no cancerígeno”. El año pasado, en tanto, dos funcionarios de este organismo ratificaron esta postura. De hecho, un jurado federal en Estados Unidos consideró que un herbicida de Monsanto a base de glifosato fue un “factor sustancial” en el cáncer de un hombre que utilizó durante décadas ese producto de la filial de Bayern.

Según un cable de la agencia Reuters, esta sentencia de la EPA podría ayudar a Bayer (que hace dos años compró Monsanto) a reforzar los argumentos que utiliza para enfrentar las miles de demandas que han surgido por parte de usuarios de Roundup que alegan que tienen cáncer por culpa de este producto.

«Los herbicidas a base de glifosato son uno de los productos más estudiados de su tipo, que es una de las principales razones por las que los agricultores de todo el mundo continúan confiando en estos productos», recordó Liam Condon, presidente mundial de ciencia de cultivos de Bayer.

En Europa, comenzará a estar parcialmente prohibido en Luxemburgo a partir del próximo febrero, un veto que se completará de aquí a finales de año y que convertirá al país en el primero de la Unión Europea (UE) en dar ese paso. Por su parte, Austria iba a ser el primer país en prohibirlo pero ha debido dar macha atrás por un mero error formal al no haberse remitido a la Unión Europea (UE) un borrador de la ley para que tanto las instituciones comunitarias como los Estados miembros pudieran pronunciarse al respecto tras las denuncias de los agricultores.