El fracaso del primer encuentro entre Gobierno y CCAA para empezar a debatir sobre el Plan Estratégico de la PAC se extiende por toda España con una gran división de opiniones. Ya no es solo que las administraciones no se pongan de acuerdo, sino que todas las organizaciones agrarias y colectivo sociales ven cómo no solo se frustra la posibilida de diálogo, sino que critican que los planes del Ministerio no se ajustan a sus propias necesidades.

Así, el Gobierno y las comunidades autónomas decidieron avanzar en la negociación técnica de los eco-esquemas antes de alcanzar un acuerdo político sobre la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España, ante la imposibilidad de avanzar en otros campos de la propuesta de 49 puntos presentada por Luis Planas a los consejeros.

Y aunque muchas de las CCAA han celebrado que se empiece por esta vía, la que lo tiene más claro es Extremadura, donde su presidente, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que el plan nacional de la PAC es «una gran propuesta» para la comunidad, ya que incluye a la comarca tabaquera de La Vera en la regionalización y porque el 75/80% de los 47.000 perceptores extremeños cobrará más a partir de 2023. Fernández Vara, acompañado por la consejera del ramo, Begoña García Bernal, ha enumerado los ochos puntos que le han llevado a considerar que el documento «es un éxito para todo el campo extremeño».

En esta división de opiniones, también el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha valorado el acuerdo para «seguir avanzando para que se singularice la cornisa cantábrica y su modelo de explotación familiar» en el plan estratégico de la PAC en el que se va a seguir trabajando y que que recoge un incremento de 23 millones en la ayuda asociada al sector lácteo y la consolidación del apoyo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para el próximo periodo.

En el otro lado está Aragón, cuyo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, ha asegurado este miércoles que todavía hay diferencias entre las comunidades autónomas sobre «aspectos críticos» para la implantación de la futura Política Agraria Común (PAC).

Tras participar en Madrid en la Conferencia Sectorial convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con las autonomías, Olona ha calificado esta reunión de «muy satisfactoria», aunque ha reconocido que «ha habido el acuerdo que podía haber».

«Ha sido evidente que todavía las diferencias entre las comunidades autónomas en los aspectos críticos son grandes. Hay cuestiones que hay que limar, y hoy no se podía alcanzar un acuerdo político definitivo», ha agregado, para advertir que todos deben alejarse de sus planteamientos de máximos y, en este sentido, ha sostenido que ellos tienen que ser «menos ambiciosos» en algunos aspectos.

«CUALQUIER CIUDADANO QUE CULTIVA TIERRAS O TIENE GANADO COBRARÁ MÁS QUE UN AGRICULTOR PROFESIONAL», SEGÚN ASAJA

Pero en el sector también hay división de opiniones. ya que no todos lo ve tan claro a nivel nacional ni regional. La organización agraria ASAJA CyL rechaza de forma rotunda y contundente el documento sobre las propuestas de plan estratégico de la PAC para España que presentó el ministerio de Agricultura. El principal punto de desencuentro es sin duda la definición de “agricultor activo”, que en definitiva es la llave para percibir los fondos de la PAC. La figura que propone Luis Planas es más amplia que en la PAC actual, hasta el punto de que cualquier ciudadano que cultiva tierras o tenga ganado va a ser perceptor de las ayudas, y, además, debido al complemento que reciba por el denominado “pago redistributivo”, porcentualmente cobrará más que el agricultor profesional. ASAJA de Castilla y León reitera que una de las “líneas rojas” que debe de marcar el consejero de Agricultura en sus encuentros con el Ministerio es lograr una definición del “agricultor activo” que se acerque más a la del agricultor profesional.

En esta línea, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) sigue insistiendo en la necesidad de definir agricultor activo como aquel que tenga al menos un 25% de ingresos agrarios con respecto a totales y además se encuentra afiliado régimen de seguridad social agraria. “Es fundamental destinar los fondos de las Ayudas Directas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a quien realmente las necesita y se dedican a ello, los agricultores y ganaderos a título principal”, apunta UCCL.

UCCL ha observado que la definición dada por el ministerio de agricultor activo deja la puerta abierta a todos, debido a que agricultor activo es aquel que esté afiliado al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios o cuando sus ingresos agrarios sean al menos el 25% de sus ingresos totales o sus ayudas directas sean igual o inferior a 5.000 euros, es decir, si cumples una ya tienes derecho a percibir fondos de la PAC.

Sin embargo, en esta división de opiniones, el sector agrario andaluz, representado por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, que puede ser el más favorecido del planteamiento del ministro, reconoce que la unidad de acción de las cuatro organizaciones y con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha permitido que se respeten las tesis andaluzas en el planteamiento político nacional de la Política Agraria Común (PAC) y espera que esto se traduzca en resultados concretos que no perjudiquen al sector agrario andaluz.

Uno de los puntos vitales para el sector agrario andaluz es la fijación del número de regiones productivas, factor que diferencia el importe por hectárea de la ayuda básica a la renta. El documento de partida establece un máximo de 20 regiones, y de los planteamientos del debate de la Conferencia Sectorial se desprende que el número de regiones se podría quedar finalmente en 20, cifra que penaliza la diversidad productiva de Andalucía, pero que augura un mejor panorama al planteado en los primeros borradores, cuando las 50 regiones establecidas en la actualidad se podrían reducir hasta sólo cuatro. De ser así, nos quedaría conocer la distribución comarcal de cada una de ellas, así como los importes medios, para poder valorar el impacto real que tendrá esta medida en los agricultores y ganaderos andaluces.

Por su parte, división de opiniones entre los colectivos sociales, ya que desde la coalición Por Otra PAC, se señala que «pese a las mejoras incorporadas, ha faltado ambición para lograr una nueva PAC verdaderamente verde y justa, capaz de impulsar una  transición agroecológica, que frene la pérdida de biodiversidad y el cambio climático y que cuide a las personas que producen de forma saludable y sostenible”, explica Fernando Viñegla, responsable técnico de la Coalición. En su opinión, resulta “continuista” y tampoco conseguirá contribuir a detener la despoblación, ni asegurar una renta y condiciones de vida dignas para agricultores y ganaderas que apuestan por la sostenibilidad. El texto ni siquiera menciona garantizar una alimentación saludable y sostenible para todos, a pesar de existir en la norma europea un nuevo objetivo al respecto.

El acuerdo especifica que se deberá contribuir a la consecución de los objetivos de las estrategias de “Biodiversidad 2030” y “De la Granja a la Mesa”, incluidas en el Pacto Verde Europeo y que persiguen una economía sostenible en menos de una década. “Pese a que se han incorporado las metas ambientales marcadas por la Unión Europea, lo que es una buena noticia, desconocemos cómo se va a integrar dentro del marco legal español y los instrumentos que se van a diseñar para que no quede en una mera declaración de buenas intenciones”, señala Viñegla.