El Gobierno y todas las CCAA se han reunido este miércoles en una conferencia sectorial en la que se negocian las líneas generales que marcarán la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, tras el pacto alcanzado en la Unión Europea (UE). Un debate que parte con todas las CCAA en contra de los planes del ministro, ya que cada cual busca una reforma que beneficie a sus intereses regionales. Y aunque se busa un gran consenso ante una PAC más verde que nunca, el mejor resumen  del encuentro es que la propuesta del MAPA «está un poquito verde como para considerarla definitiva».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su confianza en lograr un acuerdo con las autonomías sobre los «parámetros fundamentales» que regirán la redacción del plan estratégico nacional de la PAC para el periodo 2023-2027.

El plan debe estar diseñado antes de final de año para remitirlo a Bruselas y que la Comisión Europea le dé el visto bueno durante el primer semestre de 2022, ha recordado Planas en una rueda de prensa antes de comenzar la reunión con los consejeros autonómicos del ramo.

El ministro ha subrayado su intención de alcanzar un pacto «lo más amplio posible» con todas las CCAA, a partir de la diversidad de posiciones que existen sobre cuestiones como la definición de agricultor profesional y los ecoesquemas, la convergencia, los pagos redistributivos o el apoyo directo a sectores.

Frente a la sede del Ministerio, donde se celebra la reunión, agricultores y ganaderos convocados por la Unión de Uniones han protestado con sus tractores para reclamar «claridad» en la definición de «agricultor activo» para percibir la PAC, además de ayudas a los viticultores y para paliar los efectos de la pasada borrasca Filomena.

VALORACIONES CON TODAS LAS CCAA ANTE EL DEBATE DE LA PAC

ANDALUCÍA

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, ha apuntado su intención de «dar certidumbre a los agricultores para que sigan siendo competitivos» con la nueva PAC pese a que cuenta «con menos recursos».

El Gobierno de Andalucía, que representa al 33 % de los perceptores de la PAC en España, ha planteado 30 cambios a la propuesta inicial presentada por el MAPA y ha defendido que «ningún agricultor andaluz se quede fuera» de los fondos.

CANTABRIA

El consejero cántabro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha apostado por un plan estratégico centrado en atender las necesidades de las explotaciones familiares, mayoritarias en su región.

Un objetivo de esta comunidad autónoma es amarrar, «al menos, unos recursos equiparables a los del último período», ha añadido, y «velar por las personas y familias que viven» del sector agrario.

CASTILLA-LA MANCHA

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha mostrado convencido de que se podrá alcanzar un «buen acuerdo»  nacional de la PAC para el sector con todas las CCAA que se oriente hacia la agricultura familiar y las pequeñas y medianas explotaciones.

Ha apostado por reducir el número de regiones y por eliminar las referencias históricas para la percepción de las ayudas y la necesidad de que ningún agricultor o ganadero se quede atrás.

CASTILLA Y LEÓN

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha considerado que se necesita más tiempo para conocer aspectos que no están suficientemente definidos.

«Hoy no se trata de aprobar o no aprobar el acuerdo que está sobre la mesa, porque el mismo adolece de grandes indefiniciones», ha resaltado Carnero, que ha dicho no estar en condiciones de pronunciarse sobre el conjunto de la propuesta del Ministerio porque «desconoce» un «parámetro fundamental» como el de los ecoesquemas.

COMUNIDAD VALENCIANA

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, ha apuntado que la propuesta del MAPA para repartir las ayudas no le convence, porque mantiene el «statu quo» que hasta ahora ha discriminado a la región.

Ha criticado especialmente el «mantenimiento de los derechos históricos» y ha valorado el reconocimiento de la «pluriactividad» con vistas a poder recibir ayudas.

GALICIA

El conselleiro de Medio Rural de Galicia, José González, ha defendido una PAC más centrada en el modelo de pequeñas y medianas explotaciones, con base territorial propia del Cantábrico, tras comprobar que el documento técnico ofrecido por el MAPA «ampara a explotaciones de otro perfil, que están en el Levante y el sur nacional».

González ha expresado su interés en que el pago redistributivo se aplique en función de la superficie media nacional y no de las regiones agronómicas, como aparece en la propuesta ministerial.

MURCIA

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo, ha señalado que negociará para que la nueva PAC premie a los productores «que se llenan todos los días los pies de tierra» y que echa en falta en el documento que se recojan las singularidades de su región.

Luengo, que ha expresado su voluntad de «consenso y colaboración», ha criticado que en la propuesta inicial se abran «otras puertas o vías» para reconocer como agricultores profesionales a quienes, a su juicio, no trabajan directamente la tierra.

NAVARRA

La consejera navarra de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha manifestado su «profunda decepción» porque la propuesta del Gobierno ha dado un giro de «180 grados» respecto a lo planteado previamente.

Ha sostenido que el Ministerio «aseguraba hace un año que la eliminación de los derechos no sería un problema porque la mayoría de las autonomías abogaba por ello» y Navarra ahora cree que eso no se cumple.

PAÍS VASCO

La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha expresado la disposición de su Gobierno a llegar a una acuerdo, aunque la propuesta del Ministerio «está un poquito verde como para considerarla definitiva».

En su opinión, hay un trabajo de negociación política muy importante por hacer y Euskadi tiene competencias exclusivas «que han de ser respetadas».