La organización Asaja Soria ha presentado este martes en un registro oficial el recurso con el que inicia el procedimiento de impugnación de la situación de alarma, que contenía la prohibición de cosechar en el monte o en las parcelas aledañas, que afecta prácticamente a toda la provincia.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente dictó el pasado 15 de julio una resolución por la que se declaraba la situación de alarma por riesgo meteorológico de incendios forestales, que incluía las restricciones del cosechado del 16 a 19 de julio.

La junta directiva de Asaja Soria rechazó esta restricción y pidió que no se prohibieran las operaciones vinculadas a la siega.

LA OPA HA ESTIMADO QUE LAS RESTRICCIONES DE LA JUNTA CRIMINALIZAN AL SECTOR AGRARIO AL PROHIBIR SU ACTIVIDAD

Además, consideró que con la prohibición de cosechar se vulneraban derechos fundamentales como el del trabajo y el de libertad de movilidad, al imponerse una prohibición que no debería haber pasado de recomendación de máximas precauciones, medidas que a juicio de ASAJA siempre entran dentro de la rutina habitual de la recolección en el verano por parte de los agricultores.

«A la vista de que públicamente ni un solo partido político español castellanoleonés o provincial tomara parte o hiciera declaraciones para apoyar la idea de que el derecho del agricultor a recoger su fruto debe estar por delante del general ante el riesgo de incendios, deja a los tribunales como principal vía de acción sindical para defender lo que creemos nuestros derechos», ha explicado en un comunicado.

Asaja ha recopilado todas las justificaciones o pruebas que demuestran la existencia de daños, como pérdida de cosecha por siniestros posteriores (entre otros, pedrisco, incendio y caza demorados por el retraso obligado en la cosecha), gastos en restauración y hoteles de los profesionales contratados, así como la maquinaria contratada que no dispone de tiempo ilimitado y la seguridad social.

La opa ha estimado que las restricciones de la Junta criminalizan al sector agrario al prohibir su actividad, a pesar de que el agricultor pone siempre el máximo cuidado.

Asaja ha criticado que a la vez no se prohíba (ya que solo se recomiende) evitar hacer actividades de ocio o circular con vehículos a motor por el monte y sus inmediaciones, que tan graves incendios han ocasionado.