El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) difundía el mes pasado los textos de partida con los que España trabaja para diseñar su Plan Estratégico de cara a la futura Política Agrícola Común (PAC) post 2020. Un texto que tiene en líneas generales el respaldo de las Comunidades Autónomas… conscientes de que, a partir de ahora, empieza el verdadero debate: el del reparto de las ayudas y, en especial, la necesidad o no de retocar los derechos históricos del dinero de la PAC.
Un debate inmediato, ya que el objetivo es tener el primer borrador completo a mediados de 2020 para así poder presentar a la CE este Plan tan pronto los reglamentos lo permitan, en 2021, para que la nueva PAC pueda entrar en vigor en España a partir de 2022.
La mayoría de comunidades autónomas coincide en la necesidad de una nueva redistribución de esos fondos, en base a unos criterios más objetivos y eliminando los pagos por derechos históricos e individuales. Con Aragón, Castilla-La Mancha o La Rioja a la cabeza, la corriente general reclama un cambio profundo. En contra están, principalmente, Andalucía, Galicia y Extremadura.
Una cuestión más peliguada y en la que el Ministerio muestra una prudencia extrema, consciente de que puede ser el gran debate pendiente de la PAC. Aún así, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha abierto la puerta a que en la discusión del Plan Estratégico Nacional se pueda plantear la posibilidad de poner fin a estos derechos históricos de la PAC, aunque ha dejado claro que, en ese supuesto, “los agricultores dispondrán de tiempo suficiente para facilitar la transición al nuevo modelo de ayudas”.
Por un lado, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha Francisco Martínez Arroyo, destaca este mes en Madrid que en la reforma de la PAC de la región apuesta por el modelo europeo de agricultura familiar, desvinculada de los derechos históricos y con ayudas por hectárea iguales en todo el país, y que la posición fijada por la región que es conocida por el Ministerio de Agricultura y por la propia Comisión Europea va en esa línea.
Por el otro, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, fijaba en su primera comparecencia en comisión parlamentaria la lucha por “una PAC fuerte, simplificada, adaptada al territorio y que respete los derechos históricos” y el reto de que “ningún euro procedente de fondos europeos” se quede sin utilizar durante la legislatura que arranca.
Dos liderazgos de un debate que no solo se circunscribe a las propias CCAA, sino a todo el sector agrario, donde no hay unanimidad para determinar qué se debe hacer. En 2020 se debe aprobar el borrado del Plan Estratégico y hasta ahora ha imperado el consenso. Cuando llegue el momento de hablar del dinero y las ayudas se verá hasta qué punto se mantiene dicho acuerdo o éste salta por los aires.