La aplicación de sistemas simplificados de control para la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) en Castilla y León, gracias a la gestión digital de las solicitudes y el tratamiento por imágenes de satélite, ha permitido el abono de más de 500 millones de euros  en los primeros 15 días.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya ha empleado para las solicitudes de este año la información digital para la comprobación de amplias zonas declaradas. En concreto, en Valladolid, 338.000 hectáreas han sido testadas con imagen de satélite, hasta convertirse, según la Junta, en el proyecto más ambicioso de toda la Unión Europea.

Un comunicado de la Consejería asegura que el proyecto se extenderá a más zonas en 2020 y será el embrión de la futura gestión de la PAC, incluso con la eliminación de la propia solicitud de los agricultores que se sustituirá por un modelo de liquidación previo de la administración en base a la información disponible. Este nuevo modelo, añade la nota, marcará «un antes y un después» en la gestión de la PAC, cumpliendo con el objetivo de la simplificación.

La reunión anual de Organismos Pagadores de las ayudas de la PAC que se celebra en Zaragoza -con asistencia del Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y la Comisión Europea- sirvió para exponer los objetivos de implantar más simplificación en la gestión de la PAC para facilitar la presentación de las solicitudes y la comprobación de las mismas garantizando a la ciudadanía el correcto uso de las ayudas europeas.

En este primer año, los resultados han sido satisfactorios, al permitir anticipar la PAC a partir del 16 de octubre, ganando fiabilidad y ahorrando tiempo. Este proyecto no ha ralentizado el pago de los anticipos con garantía de controles, en un año especialmente complicado por la sequía padecida. De hecho, en los primeros quince días se han abonado más de 500 millones de euros.

Aprobar cuanto antes la normativa de transición

El secretario general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Eduardo Cabanillas, aprovechó el encuentro de Zaragoza para mostrar la postura de Castilla y León tras el pago de estos 500 millones que defiende la necesidad de aprobar cuanto antes la normativa de transición que dé seguridad jurídica a las campañas 2020 y 2021 y que los agricultores y ganaderos sepan que van a seguir recibiendo sus ayudas en las mismas condiciones que actualmente.

Además, la Junta está claramente posicionada en la no reducción de los recursos si se quiere mantener un sector agrario que garantice el objetivo básico de asegurar la alimentación a los ciudadanos y el mantenimiento de la actividad en el medio rural siendo sostenible con los recursos naturales.

Garantizar los pagos de la PAC en los años 2020 y 2021 es el principal objetivo de los reglamentos de transición, ya que, el retraso en la negociación de toda la normativa de la futura PAC, impide que la misma pueda ponerse en marcha el 1 de enero de 2021.