Lo dijo el Parlamento Europeo, luego la nueva jefa de la CE en España y hasta el ministro Luis Planas ha asegurado que respaldaría la propuesta de condicionar las ayudas agrícolas europeas al respeto de las leyes laborales. pero e campo no lo ve tan claro y comienza a clamar contra unos planes que buscan «una nueva condicionalidad social cuandolo que debería hacer es buscar una condicionalidad de los precios».

Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) rechaza los planes de la Comisión Europea de añadir en la futura Política Agrícola Común (PAC) más penalizaciones para poder acceder a las ayudas directas. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denuncia que “los agricultores y ganaderos europeos ya cumplimos la condicionalidad agronómica y medioambiental más exigente del mundo, la reforma que se está negociando contempla ecoesquemas que endurecen aún más los requisitos ambientales, pero Bruselas no tiene nunca suficiente y ahora pone encima de la mesa una nueva “condicionalidad social” que insiste en criminalizar al sector en materia laboral. ¿Para cuándo una “condicionalidad de precios” que no se olvide del objetivo fundacional de la PAC: una rentabilidad digna para los productores que garantice la soberanía alimentaria europea”.

Según los planteamientos presentados en las negociaciones de la política europea, los pagos podrían reducirse en el caso de los agricultores que incumplan una serie de directivas en materia laboral, incorporadas a la legislación nacional de los Estados miembros.

 “CAMPA DE ACOSO Y DERRIBO”

Aguado lamenta que la condicionalidad social “supone un suma y sigue a la campaña de acoso y derribo de la clase política hacia el sector agrario”. La asociación nacional ASAJA pidió en su día el cese de la Ministra de Trabajo por su grave afrenta al campo por una campaña dirigida desde ese Ministerio para detectar “casos de esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas, lo que obviamente nada tiene que ver con la realidad del campo español.

Actualmente la Inspección de Trabajo está enviando miles de cartas informando de la normativa sobre la conversión de los contratos temporales a indefinidos y advirtiendo de que si no se acometen las regularizaciones en el perentorio plazo de un mes se procederá a imponer duras sanciones. AVA-ASAJA pide al Ministerio de Trabajo que suspenda este plan de choque para regularizar contratos temporales en las empresas agrarias hasta que tenga en cuenta la marcada estacionalidad, singularidad y heterogeneidad de las dinámicas de contratación de mano de obra en el campo y, en concreto, a las peculiaridades de la agricultura valenciana.

AVA-ASAJA se suma así a la solicitud de ASAJA que, además, ha pedido formalmente una reunión con los máximos responsables del Ministerio con el doble fin de dar a conocer las particularidades del sector agrario que justifican un tratamiento diferenciado en el marco de esta nueva campaña inspectora, y también para proponerle algunas medidas complementarias que convendría adoptar para este sector.

Aguado concluye que “los políticos autonómicos, nacionales y europeos están en aspectos colaterales y no en lo esencial: garantizar unos precios justos, atraer los jóvenes al campo, recuperar las tierras que se han dejado de cultivar y adaptar la normativa laboral a la realidad agraria. Vergüenza les tendría que dar que, con cuatro millones de parados, existan problemas para encontrar mano de obra cuando hay que recolectar los cultivos. Necesitamos menos trabas y más apoyos a un sector esencial que, con el aumento de la población mundial, cada vez va a ser más importante para suministrar alimentos en cantidad y calidad”.

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