La Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea (OLAF) no refleja en su informe relativo a 2018 ningún caso por fraude relativo a la gestión de la Política Agrícola Común (PAC) en España, según ha destacado esta semana en un comunicado el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

El FEGA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) es el organismo que coordina la gestión y el control de los fondos europeos de la PAC en España.

El organismo ha recordado, además, que España ha comunicado un total de 1.709 irregularidades relativas a fondos agrícolas comunitarios entre los años 2014 y 2018.

Ha explicado que el concepto de “irregularidad” se refiere a todo incumplimiento de una disposición de la reglamentación comunitaria por parte de un beneficiario, que en la mayoría de los casos carece de intencionalidad, por lo que no implicaría un caso por fraude.

El informe 2018 –hecho público por la OLAF el pasado 3 de septiembre- resaltaba que en los últimos años ha encontrado un mayor número de casos de fraude ligados a las ayudas a la agricultura, en particular en las destinadas a promocionar productos europeos.

Uno de los ejemplos es la investigación que el pasado año hizo la OLAF a un grupo organizado que ofrecía en distintos países ayuda a los ganaderos que querían promocionar sus lácteos fuera de la Unión Europea (UE).

Este grupo creaba una red de empresas pantalla en varios países y, con la colaboración de los beneficiarios, manipulaban los procedimientos de licitación, inflaban los precios para recibir fondos por servicios que no prestaban y blanqueaban después las ayudas recibidas.

En total, OLAF reclamó 15 millones de euros por este motivo.

La agencia ha investigado también casos por fraude de “falsos granjeros”, defraudadores que solicitaban ayudas a nombre de personas fallecidas, o de “rebaños fantasma”, en los que se pedían fondos para animales que no existían.

Otro tipo de fraude es el llamado “agro-pirata”, en el que se solicitan fondos para tierras que ni siquiera pertenecen a quien los pide; la OLAF reclamó a Francia más de medio millón de euros en 2018 por un caso de este tipo.

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