El campo español todavía no ha perdonado las acusaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la esclavitud y la explotación laboral que supuestamente se realiza en España. Y ahora ve que no dice nada con lo que ha pasado en Hlanda, donde la pandemia ha evidenciado las condiciones abusivas de las agencias de empleo temporal en Países Bajos, un año después de que temporeros españoles denunciaran estos abusos.
España, entonces sola en la lucha por los derechos de estos trabajadores, se enfrenta ahora a un gobierno neerlandés presionado por los sindicatos, pero sin solucionar «el problema de fondo».
Si el año pasado la sensación que tenían las autoridades laborales españolas que trataban de denunciar los abusos que sufrían los temporeros españoles por parte de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en Países Bajos «era mucho más negacionista, ahora hay más aceptación de que existe un problema», asegura la consejera de Trabajo en el Benelux, Concha Gutiérrez.
FUERON CON PROMESAS LABORALES AJUSTADAS A LA LEGALIDAD NEERLANDESA Y UN SALARIO QUE TRIPLICA EL ESPAÑOL Y FUERON OBLIGADOS A FIRMAR CONTRATOS ENGAÑOSOS
«Digamos que ya asumen que existe el problema, hay más concienciación y respuesta a casos concretos cuando se los hacemos llegar, pero seguimos sin soluciones a los problemas de fondo: la vivienda, la nómina negativa, los contratos de cero horas ligados al alojamiento…», lamenta en una entrevista con Efe.
En testimonios recogidos por Efe, temporeros españoles denunciaron que, tras llegar a Países Bajos con promesas laborales ajustadas a la legalidad neerlandesa y con un salario que triplica el mínimo español, se han visto obligados a firmar contratos engañosos, que les han conducido a una espiral de abusos laborales, sueldos míseros y alojamientos inadecuados, que incluso les han creado deudas económicas con la empresa contratante.
Hay unas 14.000 agencias de empleo temporal en Países Bajos: son fáciles de formar, no requieren autorización especial y apenas hay supervisión independiente, lo que ha conducido a abusos a los empleados migrantes que traen cada año a trabajar en horticultura, mataderos y centros de distribución.
Uno de cada tres empleados que trabajan en territorio neerlandés tiene un contrato flexible «y una relación inestable» con su empleador, en muchos casos con contratos sin garantía de horas, reconoció a Efe el vicepresidente de la federación de sindicatos neerlandeses (FNV), Tuur Elzinga.
Durante la primera ola de coronavirus, y debido al disparo de contagios en la industria cárnica, quedaron patentes las condiciones abusivas de vida y trabajo a las que las ETT someten a los temporeros, lo que llevó a la Comisión para la Protección de Empleados Migrantes a denunciar que es «imposible» mantener la distancia en las viviendas y a recordar su «vulnerabilidad», al depender de su empleador.
Emile Roemer, que lidera el Comité, instó al Gobierno neerlandés a introducir normativas para estas agencias, como un máximo de dos personas por habitación y el uso de bicis o coches para ir a trabajar, en lugar de furgonetas en las que se transporte a todos.
El problema de los abusos laborales en el sector de la agricultura, en Holanda, España y otros países, es la existencia de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), como consecuencia de la dejación por parte de los estados, de sus obligaciones, para armonizar los intereses de las empresas y los trabajadores de carácter temporal. La solución del sistema establecido para la contratación, de las ETT, son perniciosas para la economía, por una parte, encarece los costes empresariales a la vez que perjudica los ingresos de los trabajadores, produciéndose con frecuencia abusos laborales, incluso situaciones de esclavitud, que en nada beneficia a los empresarios del sector, perjudicando gravemente a los trabajadores.
Las administraciones en materia laboral y económica, como consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo en la EU, ha privatizado la gestión de la contratación laboral temporal, como consecuencia por otra parte de la falta de la agilidad necesaria, que se requiere, para atender la demanda inmediata de insumos del trabajo, en las tareas agrícolas de temporada.
La solución pasa por regular el sector, estableciendo salarios dignos no onerosos, condiciones de trabajo que velen por la seguridad y salud de los empleados, implicando a las administraciones locales, para que gestionen la habitabilidad en caso de ser necesario, y por último y primero, que la contratación se gestione desde la administración pública, «por ejemplo las
Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAS)», utilizando la base de datos existente de los agricultores, cruzada con la base de datos de la administración laboral, hoy día posible y de forma inmediata, gracias a las nuevas tecnologías.
Para que funcione se requiere simplificar al máximo los procedimientos y sobre todo su automatización, mediante una aplicación informática simple gestionable desde un móvil.
Esta exposición se trata simplemente de un reflexión personal, como parte de una parte del problema, que sufre las consecuencias del sistema, cuando tengo que contratar a trabajadores con carácter temporal.