Varios meses de protestas respetuosas en la calle, los primeros en ponerse a trabajar durante el estado de alarma y los primeros en colaborar solidariamente con sus pueblos y vecinos en labores de todo tipo durante la pandemia. Pero la imagen del campo sigue en entredicho. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha ordenado a las jefaturas provinciales llevar a cabo una campaña específica en el campo para detectar posibles casos de «explotación laboral» e incluso de «esclavitud» por parte de empresarios agrícolas.

El cuestionario tiene nueva páginas y seis bloques con un sinfín de preguntas directas al trabajador del campo, cuyo contenido ya ha generado inquietudes entre los mismos inspectores. Interrogantes relacionadas con violencia física y verbal, restricciones a la libertad de movimientos o a las comunicaciones con su entorno engloban una parte importante del documento que la dirección de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha enviado a las jefaturas provinciales para que entre este mes y junio le permita detectar posibles casos de “explotación laboral” y “esclavitud” por parte de los empresarios agrícolas en España.

En este cuestionario, según recoge Antonio Salvador en elindependiente.com, se recogen aspectos como que si «¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras?, ¿Muestra el trabajador signos de ansiedad?,  ¿Existen otros indicios de confusión mental o de violencia?, ¿Muestran los supervisores/empleadores un comportamiento violento?, ¿Realiza el trabajador declaraciones incoherentes o muestra signos de pérdida de voluntad por presión del empleador?, ¿Notifican los trabajadores las amenazas dirigidas contra ellos, sus compañeros o miembros de su familia?, ¿Existe algún indicio de que el trabajador haya sido objeto de intimidación o chantaje (con o sin la complicidad del empleador)? y ¿Muestra el trabajador un comportamiento ansioso? son las ocho preguntas que constituyen el apartado de Signos de violencia física y verbal».

Las inspecciones permitirán comprobar si se cumplen las medidas de seguridad social, especialmente las establecidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y la propagación por el coronavirus, qué medidas adoptarían en caso de que algún trabajado dé positivo para la COVID-19 o si se ponen  a su disposición los Equipos de Protección Individual (EPI).

Pero también el objeto último es “garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores” y “salvaguardar” su dignidad frente a posibles agresiones y abusos, reseña El Independiente.