Medio centenar de productores de leche gallegos pertenecientes a la asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla han iniciado ya los trámites necesarios para reclamar a las industrias lácteas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las cantidades no abonadas entre los años 2000 a 2013 como consecuencia de la fijación de precios a la baja por parte de las distintas empresas de recogida.
Entre los ganaderos que han dado el paso de presentar la reclamación se encuentra el presidente de Agromuralla, Roberto López, que anima «a todos los ganaderos gallegos que nos hemos visto perjudicados durante tantos años por las prácticas irregulares llevadas a cabo por las industrias lácteas a solicitar la devolución de las cantidades que los productores hemos dejado de percibir durante más de una década, importantes ingresos que son fruto de nuestro trabajo y esfuerzo, que nos pertenecen y que tenemos derecho a recuperar», asegura.
El caso se basa en la sanción impuesta en julio de 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al detectar que empresas y asociaciones del sector lácteo intercambiaron entre los años 2000 y 2013 información para influir en los precios y pagar menos a los ganaderos.
Recuperar un 10% de la facturación de leche vendida entre 2000 y 2013
Las principales industrias lácteas que operan en España actuaron entre 2000 y 2013 de forma concertada en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca, en lugar de competir entre ellas, repartiéndose el mercado y pactando el precio que pagaban por la leche, lo que ha supuesto para los ganaderos un perjuicio económico que podrían ahora reclamar.
De conformidad con la resolución sancionadora de la CNMC, que habla expresamente de un perjuicio para los ganaderos en el precio de venta de la leche, se estima una manipulación del precio aproximada del 10%, aunque podría ser incluso mayor en función del resultado concreto del peritaje de cada granja, lo que significa que cada ganadero podría reclamar, dependiendo del caso, entre 10% y el 12,5% de su facturación relacionada con la venta de leche cruda de vaca del año 2000 al 2013, más intereses.
Así pues, según la resolución emitida hace un año, los ganaderos podrán reclamar un importe equivalente a entre el 10 y el 12,5 % de su facturación en esos trece años, por el perjuicio que les provocó que las compañías pactaran precios. «Se trata de cantidades muy importantes que sin duda ayudarán a la viabilidad de muchas de nuestras explotaciones y a paliar los bajos precios en origen que seguimos percibiendo a día de hoy», asegura el presidente de Agromuralla.
Galicia concentra la mayor parte de afectados
Aunque hay afectados en toda España, la mayor parte de ganaderos con derecho a reclamar se encuentran en Galicia, donde se concentran más de la mitad de los productores lácteos de todo el Estado y donde los ganaderos cobran los precios de la leche en origen más bajos de todas las comunidades autónomas. Además, se prevén reclamaciones de ganaderos de Asturias, Cataluña, Castilla y León o Andalucía.
«Además de recuperar un dinero que es nuestro, sólo con la reclamación de los daños sufridos podremos lograr que no se repitan estas conductas irregulares en contra de los productores», insiste el presidente de Agromuralla, que anima a los ganaderos «a perder el miedo y reclamar lo que es justo». «Debemos hacernos respetar y defender nuestro trabajo y el futuro de nuestras familias, igual que hicimos en 2015 cuando sacamos nuestros tractores a la calle», recuerda en referencia a las tractoradas por los bajos precios de la leche de ese año.
Debido a los acuerdos de las industrias, los ganaderos no tenían margen para negociar los precios ni para cambiar de empresa, lo que provocaba en muchos casos la venta a pérdida de la leche. «Durante años no tuvimos más opción que escoger entre vender nuestra producción perdiendo dinero o no vender y tener que tirar la leche que producían nuestras vacas, con el coste que esto conllevaba. Como resultado, un alto porcentaje de explotaciones ganaderas cerraron durante estos años y los que continuamos lo hicimos recibiendo un precio inferior por cada litro de leche que vendíamos», explica Roberto López.
Pueden reclamar tanto ganaderos en activo como jubilados
Todos aquellos ganaderos que hayan vendido leche entre el año 2000 y 2013 pueden reclamar, aunque hayan cerrado su explotación ganadera desde entonces, bien por jubilación bien por cambio de actividad. En Galicia siguen en activo en estos momentos unas 7.000 explotaciones de producción de leche, aunque otras tantas se habrían jubilado o cerrado por falta de relevo o rentabilidad y algunas de ellas se habrían pasado a la producción cárnica.
La CNMC deja claro en su resolución hecha pública en el momento de imponer la multa a las industrias que pactaron precios, que todos los ganaderos afectados que hayan entregado leche durante esos años tienen derecho a reclamar ante los tribunales civiles y se puede reclamar incluso cuando no se vendía la leche producida a las empresas sancionadas por formar parte del cartel, pues la conducta de las empresas distorsionó los precios de todo el mercado, incluido los precios de compra de otras industrias lácteas, fabricantes de quesos, yogures, etc.
Esto se denomina efecto paraguas, si bien, se trata de una reclamación de mayor complejidad, que exige un informe pericial específico, dado que la resolución de la CNMC únicamente declara probada la práctica anticompetitiva entre los años 2000 y 2013 y, por tanto, en estos años, el ganadero sólo tiene que probar mediante facturas o ingresos bancarios que vendió leche para poder reclamar. Las reclamaciones correspondientes al periodo posterior al sancionado (años 2014 a 2020), exigen asimismo probar que en estos años también continuaron las prácticas contrarias a mercado.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la responsabilidad de las industrias que formaron parte del Cártel Lácteo es solidaria, lo que permite reclamar a una industria distinta a la que se está vendiendo la leche en la actualidad, como forma de evitar posibles represalias o perjuicios, aunque, evidentemente, aunque así se hiciese, «la industria a la que entregamos en la actualidad la leche no podría ejercer ninguna represalia por la reclamación, dado que no se trataría de una práctica legal», explica el presidente de Agromuralla, que espera que las industrias lácteas «no ejerzan presión ni infundan miedo o amenazas veladas entre los productores para disuadirlos a reclamar». Añade además que en el caso de los productores ya jubilados pero que entregaron leche entre los años 2000 y 2013 «no existe riesgo alguno de represalia dado que en la actualidad ya no se encuentran entregando leche a ninguna industria», por lo que las cantidades recuperadas «servirían como un complemento a sus jubilaciones, especialmente bajas en el caso de los cotizantes agrarios».
Las reclamaciones han de presentarse antes del próximo 11 de julio
A raíz de la sanción de la CNMC a las empresas lácteas que acordaron precios durante años, existe la posibilidad de iniciar una reclamación contra este Cártel para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por su actuación, aunque desde Agromuralla advierten de que «sólo quedan dos meses para poder hacerlo». «La estrategia por parte de las industrias, con el silencio cómplice de las administraciones y de muchos otros actores para por el silencio y la ocultación para que los ganaderos no reclamemos, corra el tiempo y el asunto prescriba», denuncia Roberto López.
Por el contrario, el compromiso de Agromuralla es «que no quede ni un solo ganadero gallego sin reclamar por falta de información», por lo que la asociación de ganaderos prestará asesoramiento y ayudará a reclamar tanto a las personas que sean socias como a las que no, y tanto a los ganaderos que continúan en activo como a los que ya se hayan jubilado o abandonado la actividad de producción de leche, se encuentren en la provincia de Lugo o en cualquier otra zona de Galicia, anuncian.
El plazo para ejercer su derecho por parte de los ganaderos es de un año desde la resolución sancionadora de la CNMC a las empresas, por lo que habría que presentar las reclamaciones extrajudiciales (primer paso para posteriormente presentar la demanda) antes del próximo 11 de julio para de esta forma interrumpir la prescripción de la causa.
El Tribunal Supremo ha declarado que el plazo de prescripción es improrrogable y, no se puede suspender. Por tanto, a pesar de la declaración del Estado de Alarma, se mantendría como plazo máximo para reclamar la fecha del 11 de julio.
Reclamación sin gastos ni riesgos
La asociación Agromuralla, con una importante implantación en toda la provincia de Lugo y en zonas limítrofes de A Coruña, ha llegado a un acuerdo con el bufete de abogados madrileño Eskariam, especializado en derecho de la competencia y en presentación de reclamaciones colectivas para facilitar de esta forma la presentación de demandas a aquellos ganaderos interesados en recuperar las cantidades que dejaron de percibir entre los años 2000 y 2013.
«Las condiciones económicas que hemos negociado con este bufete especializado permiten reclamar con total tranquilidad ya que los ganaderos no asumimos ningún gasto ni riesgo. No hay que pagar por adelantado ningún anticipo, ni hacer frente a ningún gasto (abogado, perito, procurador, tasa judicial, poder notarial) porque Eskariam solo cobra si gana el caso», explica Roberto López. Incluso en caso de perder el pleito y ser condenados en costas sería Eskariam la que corriese con todos los gastos y asumiese el pago de esas costas judiciales.
El ganadero sólo pagará al bufete de abogados en caso de que sea aceptada su demanda y reintegrada la cantidad reclamada. En este caso, los honorarios de Eskariam serían un 30% de la cantidad que recupere el ganadero, que pagaría de esta forma con una parte del dinero recuperado por la empresa de abogados. La reclamación incluye 3 céntimos por litro de leche vendida entre 2000 y 2013 más los intereses por las cantidades no satisfechas desde entonces. Del total recuperado, 7 de cada 10 euros irían directamente al ganadero y los tres restantes se destinarían a abonar los costes del proceso, con los que corre desde el principio Eskariam.
Las demandas presentadas no serán resueltas por los diferentes Juzgados previsiblemente hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso presentado por las industrias afectadas, que niegan las acusaciones de Competencia. Se prevé, por lo tanto, un proceso judicial largo, que podría durar más de 6 años, según los cálculos del bufete madrileño, que asumirá todos los costes durante este tiempo, de forma que los ganaderos sólo deberán pagar el asesoramiento jurídico si la causa prospera y ganan la reclamación.
Multa de 80 millones de euros a 10 empresas lácteas por formar un Cártel
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que se encarga de investigar y sancionar prácticas ilícitas en materia comercial o de libremercado. Ha sido esta entidad pública quien ha sancionado al Cártel Lácteo por sus conductas.
La investigación concluyó con una resolución en 2015 que sancionaba a las empresas con 88 millones de euros, aunque las compañías afectadas recurrieron y la Audiencia Nacional ordenó retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a abril de 2014 por defectos de forma.
Por este motivo, Competencia revisó en 2019 el expediente y rebajó la sanción a 80 millones de euros, resolución que también ha sido recurrida y se encuentra pendiente de fallo definitivo. La sanción data de julio de 2019 y ha consistido en una multa de 80.600.000 euros a las 10 empresas responsables.
Capsa (21,8 millones), Danone (20,2 millones), Lactalis (11,6 millones), Industrias Lácteas de Granada (10,3 millones), Calidad Pascual (8,5 millones) y Nestlé (6,8 millones) son las grandes empresas sancionadas. Además, la multa de la CNMC afecta también a Celega, Senoble, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia.
El importe de estas sanciones se ingresará en las arcas del Estado, pero los ganaderos perjudicados por el cártel pueden reclamar a las industrias lecheras el importe que han dejado de cobrar por la manipulación de precios que el Cártel Lácteo llevó a cabo durante el plazo en el que ha estado vigente.
Uno de los principales factores que ha motivado la sanción es que las principales industrias lácteas han formado lo que se denomina como Cártel, un acuerdo ilegal entre empresas que, en lugar de competir entre ellas para ofrecer mejores precios, deciden fijar un mismo precio de mercado para obtener más beneficio, lo que habría incidido en un precio de la leche más bajo..