La Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España (Agfae) se ha posicionado este viernes 23 en contra de la subida del IVA prevista para los refrescos al considerar que «la obesidad no se puede combatir con impuestos», a la vez que recalca que para el sector remolachero y azucarero la colaboración público-privada es «imprescindible» para promover acuerdos y compromisos en la lucha contra la obesidad y otras enfermedades originadas por múltiples factores.

Mientras muestra su apoyo a una «mejor gestión de la dieta de los ciudadanos», porque a su juicio «centrarse en un único producto o ingrediente no va a permitir resolver el problema de la obesidad y el sobrepeso», la asociación ha reclamado «evidencias científicas» que demuestren que las iniciativas para cambiar el comportamiento de las personas son «capaces de reducir o equilibrar» las cifras de quienes padecen esos problemas.

Además, para Agfae se debían haber tenido en cuenta las «especiales circunstancias» que vive el sector, «seriamente dañado por la desaparición de las cuotas de producción comunitarias y la posterior reducción del precio del azúcar, que ha llegado a situarse en mínimos históricos». De acuerdo a sus datos, por cada puesto de trabajo en la industria azucarera se generan otros diez fuera de ella, generalmente en el entorno rural.

Una subida del IVA a las bebidas azucaradas, como la que ha planteado el Gobierno en su proyecto de presupuestos, «supondría un desincentivo para la siembra de remolacha por el agricultor, sin cuyo cultivo se podría poner en juego el futuro de alguna de las fábricas en España y con ello el empleo directo e indirecto asociado a la misma», según Agfae.

Si se reduce el cultivo de remolacha azucarera, los fabricantes han advertido de que se verá afectada toda la producción no azucarera vinculada, puesto que, aparte de sacarosa, la industria produce otros productos como materias primas para alimentación animal, biocarburantes, fertilizantes, nutrientes para el suelo y energía en forma de electricidad, calor y biogás.

Agfae se ha sumado a la petición de las grandes patronales de todo el sector (agricultores, industria, supermercados y hostelería) para que el Gobierno dé marcha atrás en la medida, alertando de que una decisión de ese tipo puede destruir 2.000 empleos y causar una caída en la facturación de casi 120 millones de euros, cuando insisten en que «la obesidad no se puede combatir con impuestos».