La Unión de Extremadura ha asegurado este lunes 4 que con los actuales precios del vino y las perspectivas del precio de la uva, los agricultores no pueden hacer frente a las subidas salariales que suponen medidas como el nuevo convenio de campo.

En un comunicado, ha explicado que el 31 de diciembre de 2021 entró en vigor la Ley 32/2021 de reforma del Estatuto de los Trabajadores, cuyo principal impacto en el sector agrario es la desaparición de los contratos por obras y servicios y que «condena al sector agrario a realizar casi exclusivamente contratos fijos discontinuos, con el aumento de gastos, sobre todo de gestión, que esta mediada acarrea».

Posteriormente, el 29 de junio de 2022 entró en vigor el convenio colectivo del campo de Extremadura, «con una subida importante de los salarios y el endurecimiento de las normas de contratación para los empresarios agrarios», ha recalcado La Unión.

A su juicio, ambas normas están suponiendo un importante aumento de los gastos que deben realizar los empresarios agrarios, ya que a los 52,62 euros diarios de salario base hay que añadir varios pluses dependiendo de los trabajos y circunstancias de cada empleado y un aumento significativo de los gastos de gestión de los contrataos impuestos tanto por el convenio colectivo como por el Estatuto de los Trabajadores.

«Los empresarios agrarios no estamos en contra de subir los salarios a los trabajadores, pero lo no podemos permitirnos el aumento tan excesivo de trabas burocráticas y afrontar un aumento de costes tan importantes en la actual campaña con unos precios de miseria por nuestros productos», ha asegurado.

Ha señalado que a la subida de costes del combustible, de los fitosanitarios, de los impuestos y tasas, de los fertilizantes, deben añadir el aumento importante de los costes laborales, con unas perspectivas del precios de la uva y con los actuales precios del vino que va a traer consigo que algunas parcelas sea más rentable no vendimiarlas.

La Unión de Extremadura ha señalado que los agricultores no pueden entender que las normas que regulan sus costes de producción se apliquen de forma automática y en cambio la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria no esté en vigor por tecnicismos del Ministerio de Agricultura.

Por último, ha anunciado que realizará una serie de asambleas informativas para explicar a los agricultores las nuevas normas laborales y denunciar «la irresponsabilidad de los representantes de los empresarios agrarios en la firma del convenio colectivo, para que los agricultores y ganaderos tengan conciencia clara de las acciones de cada organización patronal».