La Comisión Europea (CE) ha reclamado a España un total de 7,06 millones de euros por deficiencias en los controles de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019, según una decisión publicada este viernes en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE). Esta cantidad representa más del 20% de todo el dinero que la Comisión Europea está exigiendo devolver a 14 países de la UE.

La penalización a España forma parte de una decisión en la que la CE pide a 14 países un total de 33 millones de euros, por deficiencias y errores en la gestión de diferentes apoyos de la PAC, tanto de ayudas directas como de desarrollo rural.

En el caso español, los importes reclamados corresponden a los regímenes de jóvenes agricultores, ayudas directas asociadas y disociadas de la producción, entre los ejercicios 2017 y 2019, y por conceptos como «deficiencias en las sanciones administrativas».

Eso significa que esas partidas señaladas por deficiencias se excluyen de los fondos de la PAC para España y deben ser devueltas.

La decisión forma parte de los procedimientos de corrección financiera que la CE aplica para supervisar el control del gasto agrícola en los países comunitarios, de forma periódica y habitual.

Este tipo de multas son habituales. De hecho, hace unos años hubo una polémica tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se obligaba a cada Comunidad Autónoma a tener que devolver las multas impuestas por la Comisión Europea por las deficiencias detectadas en los fondos europeos destinados a la superficie de pastos, al crearse una duda sobre quién debía abonar esta cantidad, si las CCAA de sus presupuestos, si las Comunidades Autónomas de los fondos de Desarrollo Rural actuales o los propios agricultores y ganaderos, como se temía desde la Unión de Extremadura.