La decisión del Tribunal Supremo de rechazar la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se obligaba a cada Comunidad Autónoma a tener que devolver las multas impuestas por la Comisión Europea por las deficiencias detectadas en los fondos europeos destinados a la superficie de pastos se ha abierto el debate, pero sobre la preocupación del sector, sobre quién va a ser finalmente el que deba abonar esta cantidad, si las CCAA de sus presupuestos, si las Comunidades Autónomas de los fondos de Desarrollo Rural actuales (lo que puede repercutir, como defiende CLM, en los fondos disponibles para el PDR 2014-2020) o los propios agricultores y ganaderos, como se teme desde la Unión de Extremadura.

En el caso de esta Comunidad, donde se debe devolver 80 millones de € a partir de la presente campaña, La Unión de Extremadura ha estado manifestándose y denunciando que esta multa ha sido como consecuencia de la manera de aplicar «de manera incorrecta la normativa sobre el cálculo de la superficie de pastos de la campaña 2009 a la 2013», por lo que considera que la responsabilidad es sólo del Gobierno regional.

La Unión de Extremadura pregunta «¿Quién va a pagar la multa? ¿Agricultores, ganaderos o la totalidad de la sociedad?»

La organización se muestra especialmente críticas con las razones de la Junta de Extremadura, que ha alegado que las multas las deberían abonar el Ministerio de Agricultura, ya que consdiera que fue culpa del mismo la interpretación de la normativa, «pero lo raro es que comunidades como Cataluña, Aragón, País Vasco, Baleares o Canarias, sí que realizaron la interpretación de las normas de manera correcta y estos son los motivos esgrimidos por el Ministerio a la hora de responsabilizar a las Comunidades Autónomas que no transpusieron de manera correcta la normativa».

Extremadura con casi 80 millones es la Región más afectada  por estas multas ya que este importe supone un 40% de las ayudas directas de la actual campaña.

Por esto, una vez que el Tribunal Supremo no ha admitido la suspensión cautelar y que por lo tanto se debe realizar el pago inmediato de esta multa, desde La Unión de Extremadura han preguntado a la consejera Bernal: «¿Quién va a pagar la multa? ¿Agricultores, ganaderos o la totalidad de la sociedad extremeña?»

Asimismo, incide en que los responsables políticos, «como por ejemplo Antonio Cabezas, actual Director General de Agricultura y en los años afectados Director General de la PAC ¿van a ser cesados o van a continuar cono gestores públicos, tras la incompetencia demostrada?»

Finalmente, van a solicitar a los partidos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura la petición de comparecencia urgente de los responsables políticos de este «desastre económico para que den explicaciones y se depuren responsabilidades».