Los precios que se pagan en origen por el aceite de oliva han arrancado 2020 entre un 20 y un 30% más bajos que hace justo un año, reflejo de una tendencia a la baja que se prolonga desde mediados de 2017 sin que nadie tome medidas para remediarlo.

Así se desprende de los datos recogidos este viernes 3 por los observatorios de precios Poolred e Infaoliva, que coinciden en la magnitud de la caída aunque apuntan a que ésta varía ligeramente en función de las categorías.

El litro de virgen extra retrocede entre 20 y un 30%, y se sitúa en el entorno de los 2-2,1 euros; el virgen desciende un 24%, hasta los 1,75 euros; y el lampante baja más de un 20% y ronda los 1,7 euros.

El desplome de los precios es todavía más evidente si se compara con principios de 2018, cuando todas las categorías de aceite de oliva se colocaban por encima de los 3,3 euros por litro.

El sector del aceite español ha levantado la voz por la situación que vive y ha amenazado con nuevas protestas, y de hecho la Interprofesional -que agrupa tanto a olivareros como a cooperativas, industrias, envasadores y exportadores- ya reclamó en diciembre una reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la gravedad de la crisis.

A una última campaña con más producción de lo habitual se suma la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos al aceite de oliva de origen español, lo que en la práctica dificulta sus ventas no sólo al país norteamericano, sino también a compañías italianas que lo envasaban bajo su marca para posteriormente comercializarlo en este mismo mercado.

Ante la caída de los precios, Bruselas anunció medidas para remediarlo y autorizó activar la licitación de almacenamiento privado, un mecanismo a través del cual contribuye económicamente a la retirada temporal del mercado de una parte de la producción para que la oferta baje y los precios se recuperen.

Sin embargo, las dos primeras licitaciones -quedan todavía dos más- no han tenido los resultados esperados por el sector, e incluso el Gobierno español expresó su decepción por la «falta de ambición» de la Comisión Europea al considerar que no ha estado de momento «a la altura de la gravedad de la situación».

Este mismo viernes, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han estimado que para que este sistema haga efecto sería necesario la retirada de unas 200.000 toneladas, cuando en las dos primeras apenas se autorizó el almacenamiento de unas 21.000.