El aceite de oliva despide en precios máximos una legislatura que empezó con una baja cotización en origen y que ha estado marcada por cambios legislativos para el sector como la nueva PAC, la Ley de la Cadena Alimentaria y la actualización de su norma de calidad.

El año pasado se culminó el plan estratégico de la PAC en España para 2023-2027, con ayudas al olivar tradicional y los llamados eco-regímenes para prácticas sostenibles medioambientales.

En 2021 el Gobierno reformó la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, y aprobó la nueva norma de calidad para el aceite de oliva y de orujo, con más requisitos y prohibiciones para poner en valor el producto.

El especialista de la organización agraria ASAJA Arturo Hernangómez valora esta última norma porque «se consigue más trazabilidad», mientras que es «más complicado» evaluar la ley de la cadena ante la subida de los costes de producción por la guerra de Ucrania.

En declaraciones a Efeagro, reclama que en la próxima legislatura se avance en exigir que las importaciones de terceros países cumplan los mismos estándares que las producciones europeas y se prohíban las mezclas de aceite de oliva y girasol en toda la Unión Europea (UE).

El pasado mayo la envasadora aceitera Acesur dio marcha atrás en la venta de ese tipo de mezcla de su marca «La Andaluza», tras denuncias que la consideraban «engañosa», pese a ser una práctica legal porque se hizo fuera de España, donde sí está prohibida.

IMPACTO EN EL OLIVAR

El responsable de Aceite de COAG, Juan Luis Ávila, muestra su preocupación por las «pérdidas» que ocasionará la aplicación de los ecorregímenes en el olivar tradicional.

«Se tiene que hacer una revisión intermedia de la PAC lo antes posible y contar con el sector en el desarrollo de las medidas», afirma.

Una opinión distinta tiene el responsable del Olivar de UPA , Cristóbal Cano, para quien los eco-regímenes se adaptan «bastante bien» al olivar.

Cano recuerda que el olivar comenzó la legislatura con una «tremenda crisis de precios», lo que llevó a introducir un mecanismo de autorregulación en escenarios de grandes cosechas, y la termina «con una perspectiva razonable», de máximos históricos en origen, motivados en parte por el recorte previsto de la mitad de la producción debido a la sequía.

La renovación de la extensión de la norma del aceite de oliva para su promoción, un decálogo con medidas para revalorizar el producto y los esfuerzos en investigación por mostrar los beneficios del aceite para la salud son otras áreas en las que se ha trabajado.

El presidente del sector del Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, califica de «positivas» la norma de calidad y la de autorregulación del mercado, y advierte de las dificultades actuales para gestionar la falta de producto.

«El gran problema en el sector es la enorme brecha de rentabilidad entre el olivar de riego y el de secano», afirma el responsable de las cooperativas, que insta a aumentar la superficie de regadío.

OFERTA Y CONSUMO

Según la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), las ventas de aceite de oliva cayeron el 14 % en los ochos primeros meses de la campaña 2022/2023.

La menor disponibilidad de producto y su encarecimiento han influido en la bajada de su consumo, de un 12 % en los últimos doce meses hasta abril, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El director de Anierac, Primitivo Fernández, apunta que «la trazabilidad ha funcionado muy bien» en el primer año de aplicación de la norma de calidad e insta a prorrogar la reducción del IVA en el aceite del 10 al 5 %, decidida por el Gobierno para contener la inflación en 2023.

En el futuro, Fernández pide eliminar la limitación de mezclar aceite de oliva y girasol, una «discriminación» para los operadores españoles, y critica que la legislación nacional y comunitaria es «cada vez más exigente», primando «las cuestiones ecológicas sobre la economía».

La industria rechaza también el impuesto al plástico, en vigor desde este año en España, y tiene sus dudas sobre el cálculo del coste efectivo de producción que impone la ley de la cadena.

El sector estalló en su momento contra el sistema de etiquetado Nutriscore por la calificación que daba al aceite de oliva, en proceso de revisión, mientras las empresas lo siguen utilizando de forma voluntaria.

Para el director gerente de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael Pico, la simplificación del etiquetado «nunca puede suponer un agravio comparativo con otros sectores».

Pico recuerda que en 2021, además, se logró la prórroga por cinco años de la suspensión de aranceles adicionales de Estados Unidos a productos europeos como el aceite de oliva, lo que había llevado a los exportadores españoles a colocar aceite de otros países para no perder ese mercado estratégico.

(Texto: Belén Delgado / Efeagro)

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