Las organizaciones agrarias  ASAJACOAG y UPA se han mostrado este jueves a favor de abrir nuevas vías de negociación para lograr una mayor convergencia en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) sin crear distorsiones, aunque de momento no van a desconvocar las protestas previstas.

Los máximos responsables de las tres organizaciones se han reunido en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para hablar de las negociaciones de la nueva PAC y otras cuestiones antes del Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) de la semana que viene.

Las organizaciones agrarias han expresado su intención de apoyar nuevas vías de negociación, al margen de otras reacciones que pueda haber, como las movilizaciones programadas en Andalucía durante las próximas semanas contra el decreto de transición de aplicación de la PAC entre 2021 y 2022.

ASAJA: “HAY NUEVAS VÍAS PARA LLEGAR A UN PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS REGIONES, LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y LA CONVERGENCIA INTERNA”

En rueda de prensa, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado que «se abren nuevas vías de trabajo para llegar a una definición concreta» de la convergencia.

En concreto, ha considerado que hay nuevas vías de negociación para llegar a un punto de acuerdo sobre las regiones, los derechos individuales y la convergencia interna, entre otros asuntos que deben debatirse a nivel nacional y con las comunidades autónomas.

«Me gusta agotar todas las vías posibles de diálogo y, si no me queda otra solución, quizás haría la demanda», ha subrayado Barato, en alusión al recurso presentado en los tribunales contra dicha norma por parte de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac).

En cuanto a las negociaciones en la UE, el líder de Asaja ha afirmado que debe haber un presupuesto adicional de ayudas al sector del vino, afectado por la crisis de la covid-19; se ha mostrado en contra de reforzar la «condicionalidad social» en la futura PAC y ha pedido que se facilite el cumplimiento de los requisitos ambientales.

COAG APUESTA POR SUPRIMIR LAS NUEVAS REGLAS DE TRANSICIÓN EN 2022 Y BUSCAR UN «PUNTO MEDIO» EN LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE REGIONES DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha apostado por suprimir las nuevas reglas de transición en 2022 e integrar ese año en el periodo que se extiende al menos hasta 2027 con el fin de que haya una convergencia «progresiva que no genere distorsiones».

Asimismo, ha apuntado que la convergencia -que busca aproximar los importes de pago básico a la media de las regiones- «no tiene por qué derivar en un pago por superficie», puesto que así se está «reforzando la propiedad y no al agricultor activo».

Blanco ha instado a buscar un «punto medio» en la futura reducción del número de regiones de derechos de pago básico (actualmente hay 50) para que «la diversidad de la actividad agraria no se distorsione», y ha llamado a priorizar el acceso a las ayudas redistributivas para los que tienen en la agricultura su actividad principal.

Además, el representante de COAG ha apoyado dar ayudas extraordinarias al vino, fomentar el regadío, extender la replantación de viñedo a 2040 y regular el mercado en situaciones de crisis, aunque se ha mostrado en contra de reforzar más la condicionalidad de las ayudas y de la definición de agricultor genuino propuesta por la Comisión Europea.

PARA UPA, LAS REFORMAS “DEBEN SERVIR PARA CORREGIR, Y NO PARA CREAR DESEQUILIBRIOS”

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha defendido que se abra el debate y nuevas vías de negociación para lograr una solución respecto a la convergencia de la PAC con el fin de que «se aplique con más flexibilidad» y se otorgue más tiempo de adaptación, ante la «inquietud» generada en algunas zonas, destacando que las reformas “deben servir para corregir, y no para crear desequilibrios”.

A su juicio, las ayudas agrarias deben destinarse a «la gente que de verdad lo necesita», en particular a los agricultores familiares y profesionales, incluso si sus explotaciones son grandes y generan riqueza y empleo, a diferencia de quienes «no deberían percibirlas».

Ramos ha reclamado que haya un presupuesto específico para las ayudas redistributivas que beneficie ese modelo de agricultura familiar y que la reforma de la ley de la cadena alimentaria «dé resultado» para lograr precios justos en el campo.

Ha mostrado su apoyo a las gestiones del Ministerio en relación con las ayudas del vino y su compromiso para tener en cuenta la región del tabaco, que tiene un «alto interés social en Extremadura».