Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una propuesta que el Gobierno central analiza desde hace meses.

Según ha informado esta miércoles la Junta de Castilla y León, las cuatro comunidades autónomas han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, mostrando su inquietud ante una hipotética inclusión del lobo en el citado listado.

En esa carta, firmada por los consejeros responsables de Medio Ambiente en las cuatro comunidades, se advierte que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en este momento sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, que tienen importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques de estos animales.

La inclusión del lobo en el LESPRE supondría la prohibición general de su caza, ya que dejaría de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética, a juicio de los consejeros de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

LA CARTA CONJUNTA ADVIERTE DE QUE EL NIVEL DE PROTECCIÓN DEL PROPIO LOBO IBÉRICO PODRÍAN PONER EN PELIGRO EL FUTURO DE ALGUNA RAZA AUTÓCTONA

Solamente de forma excepcional la captura de un ejemplar podría autorizarse bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, limitación que haría mucho más difícil que las comunidades con presencia de lobo al norte del río Duero recurrieran a acciones cinegéticas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos.

La oposición a la propuesta de catalogación de situarlo en régimen de protección especial se basa en que sería totalmente contraria a las políticas desarrolladas en estas comunidades en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva.

De hecho, según se menciona en la carta conjunta a la ministra, estos cambios en cuanto al nivel de protección del propio lobo ibérico podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.

La la decisión de dirigirse a Teresa Ribera para transmitir su rechazo a esta posibilidad se tomó tras la reunión celebrada recientemente entre los cuatro directores generales de la rama y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, una reunión solicitada en septiembre por las cuatro comunidades considerando que serían las más afectadas en caso de que la iniciativa prospere.

Las cuatro comunidades señalan en la carta que han aprobado planes de gestión del lobo que «no se han librado en algunos casos de su traslado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes”.

Todos estos planes de gestión del lobo tienen como objetivo la conservación del lobo, en el marco establecido por la UE, «a través de una adecuada gestión que nos permita compatibilizar su presencia con el mantenimiento y la mejora de la ganadería extensiva».

En el marco de estos planes, las cuatro comunidades han conseguido «que las poblaciones de lobo mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, que aparezcan nuevas formas de potenciar el ‘recurso turístico’ lobo y para conseguir una mejor valoración por los vecinos de estas zonas.

Toda esta gestión se ha hecho en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo”, actualmente vigente, promovida por el Ministerio y aprobada en enero de 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, «si bien es cierto -se señala en la carta- que todos creemos que es necesario una nueva estrategia nacional liderada por ese ministerio y consensuada con las comunidades autónomas loberas”, si que ello conlleve apostar por un régimen de protección especial.