La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA CyL) ha hecho este martes 3 un llamamiento a los ganaderos de vacuno de leche para que reclamen judicialmente por los perjuicios causados por el denominado «cártel de la leche», tras varias resoluciones que reconocen la existencia de un comportamiento ilícito de industrias que fijaron precios entre 2000 y 2013. Según los cálculos de la organización, podrían cobrar hasta el 10% más intereses de lo que dejaron de percibir por las industrias.
El secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, ha recordado, en una rueda de prensa, que la organización denunció en 2011 ante la Comisión Nacional de la Competencia prácticas que, a su juicio, impedían a los ganaderos cambiar de industria y provocaban precios artificialmente bajos.
Aquel procedimiento derivó en 2015 en una sanción de 88,2 millones de euros a varias industrias lácteas, aunque la resolución fue anulada por defectos formales y posteriormente rehecha.
Ahora, tras años de recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, varias sentencias han confirmado el carácter ilícito de las prácticas.
Desde UPA han subrayado que el fondo del asunto ya no se cuestiona: «Hubo manipulación del mercado y perjuicio para los productores. Lo que ahora está en debate es la cuantificación del daño», ha expresado por su parte, el responsable de los servicios jurídicos de UPA en Galicia, Félix Porto.
Según los datos expuestos por la organización, en el año 2000 el precio medio del litro de leche rondaba los 0,31 euros, mientras que entre 2011 y 2013 descendió hasta niveles que, a su juicio, evidencian la «distorsión del mercado».
INDEMNIZACIONES DE HASTA EL 10% MÁS INTERESES
El impacto en el sector ha sido, sostienen, «devastador»: En Castilla y León había en torno a 5.000 explotaciones de vacuno de leche a comienzos de siglo; en 2019 quedaban 930 y, a marzo de 2026, no llegan a 600.
«Esta manipulación causó la pérdida de miles de explotaciones», ha afirmado González, al tiempo que han defendido que las industrias «se beneficiaron con creces» del fraude.
En el plano judicial, UPA ha impulsado miles de demandas en toda España, más de 300 en Castilla y León, y ya existen pronunciamientos favorables en juzgados de Barcelona, Madrid, Toledo y Granada.
En cuanto a la cuantía, los juzgados han fijado indemnizaciones que oscilan entre el 2% y el 10% del volumen comercializado, según el caso, aunque UPA sostiene que la pericial sitúa el daño entre el 10 % y el 14 %, que podría llegar hasta los 8 céntimos el litro.
Además, las sentencias reconocen el derecho a intereses compuestos desde la fecha en que se produjo el perjuicio, lo que podría elevar de forma significativa las cantidades finales a percibir.
Finalmente, la organización ha destacado también el llamado «efecto paraguas»: no solo pueden reclamar quienes vendieron leche a las industrias sancionadas, sino todos los ganaderos que comercializaron entre 2000 y 2013, al haberse distorsionado el mercado en su conjunto.