La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, ha subrayado este martes 20 que el Gobierno andaluz ha logrado «reconducir» el debate nacional sobre la Política Agrícola Común (PAC), lo que ha permitido que el resultado esté siendo «exitoso» y que se haya pasado de un «cambio brusco» a la «certidumbre», en especial como el cambio de agricultor genuino a agricultor activo o el mantenimiento de las ayudas basadas en los derechos.

Crespo ha resaltado «la alianza» con los agricultores, algo que se verá reflejado en la propuesta que presentará mañana el Gobierno andaluz en la reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Junta valora que se recupere el término de «agricultor activo» en detrimento de «agricultor genuino», ya que así se incluye a aquellos profesionales que desarrollan otras actividades, pero que tienen en la agricultura y la ganadería un importante complemento.

Además, Crespo ha explicado que se mantiene el sistema de gestión de ayudas basado en derechos, como defendía Andalucía frente a otros territorios, y que permite continuar con la ventaja competitiva que hasta ahora tenían los jóvenes para acceder a la actividad agraria.

Asimismo, abren la posibilidad de incorporar las frutas y hortalizas entre los perceptores de las ayudas directas, como se venía demandando desde la Junta e incluyen la creación de un programa sectorial para el olivar tradicional.

Crespo solicitó que se pospusiera el debate sobre los ecoesquemas para poder celebrar reuniones técnicas en las que se analice el diseño de este nuevo instrumento medioambiental que se incorpora en el próximo marco 2023-2027.

El Gobierno andaluz apuesta por articular ecoesquemas «atractivos» para que se acojan a ellos el mayor número posible de agricultores y ganaderos, y que, de esta forma, España contribuya al cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por Europa.

La negociación del Plan Estratégico Nacional se enmarca en la reforma de la PAC propuesta por la Comisión Europea en el 2018 y que, tras tres años de debate, ha concluido el pasado mes de junio con un acuerdo provisional en el que el Gobierno andaluz encuentra aspectos más positivos que otros.

La principal ventaja que supone para los agricultores y ganaderos es que les aporta «certidumbre», aunque la Consejería de Agricultura echa en falta, por ejemplo, mecanismos de gestión de mercados que permitan asegurar a los productores unos precios justos y evitar situaciones de competencia desleal por parte de terceros países.

También entiende la Junta que la reducción del presupuesto y el aumento de las exigencias ambientales a los agricultores y ganaderos aportan complejidad para el acceso a unos fondos comunitarios.