El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha acusado a la Unión Europea de aprobar una PAC que «nace contra los agricultores» en los términos en los que recibió la luz verde en la Eurocámara a la que acusa de ser «redactada por burócratas que no han pisado el campo en su vida».

En concreto, los puntos más negativos para agricultores y ganaderos se centran en que esta PAC castiga a los profesionales del campo, con mayores limitaciones medioambientales, pero también con una mayor burocracia, lo que obligará a que «el campo se tenga que adaptar a los papeles, en vez de ser que los papeles se amolden a la realidad agronómica del territorio, como se ha hecho toda la vida», ha indicado Metidieri.

LA CONDICIONALIDAD SOCIAL SOLO SERVIRÁ PARA PONER EN CUARENTENA LOS PAGOS CUANDO HAYA UN ERROR ADMINITRATIVO

La consecuencia de esta nueva PAC será una menor producción del campo europeo, lo que se traducirá en que los consumidores se encuentren con menos productos y más caros.

Otro aspecto sobre el que ha querido llamar la atención el dirigente agrario ha sido la nueva «condicionalidad social, que busca un nombre muy llamativo, pero que lo único que supone es intentar poner más piedras en el camino en el cobro de las ayudas de la PAC. Y es que, esta nueva condicionalidad lo que hará será poner en cuarentena los pagos de la política agraria cuando se pueda detectar un simple error administrativo, que sea subsanable, lo que generará todavía más incertidumbre y más papeleos para el agricultor. Además, sigue el gran problema endémico de los bajos precios y que sigue sin atajarse.

En definitiva, para la organización agraria se aprobó una PAC «redactada por burócratas que no han pisado el campo en su vida, que va en contra agricultores y ganaderos, que pone más trabas legales y administrativas a los profesionales del campo, lo que al final repercutirá en el consumidor que, como siempre, será el que pague las ocurrencias de terceros».

La actual normativa de la PAC fue prorrogada tras expirar el 31 de diciembre de 2020 y fue sustituida por disposiciones transitorias en vigor hasta finales de 2022. Una vez aprobadas por el Consejo de Europa, la nueva normativa será aplicable a partir del 1 de enero de 2023.

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