El Pleno del Parlamento Europeo (PE) ha votado este martes 23 lla aprobación definitiva de la reforma de la PAC para 2023-2027 y ha puesto fin, con este voto, a tres años y medio de negociaciones en la Unión Europea (UE). Los partidos españoles han votado divididos ante esta aprobación, casi tanto como lo está el campo.

La Eurocámara ha ratificado el acuerdo alcanzado en junio por las instituciones de la UE sobre la nueva PAC, que primará más las medidas medioambientales dentro de las ayudas agrícolas y que vinculará las subvenciones al cumplimiento de los derechos laborales.

Además, otorga a los Gobiernos más responsabilidad sobre de esta política, que aplicarán a través de planes estratégicos nacionales.

La votación se ha dividido en tres informes según las nuevas normativas de la PAC, una sobre financiación de las ayudas -485 a favor, 142 en contra y 57 abstenciones-, otra sobre regulación de los mercados agrícolas -487 a favor, 130 en contra y 71 abstenciones- y otra sobre los planes estratégicos nacionales -452 a favor, 178 en contra y 57 abstenciones-.

Los europarlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE), socialistas, liberales (entre ellos Ciudadanos) han apoyado la aprobación definitiva de la reforma de la PAC; el grupo de la Izquierda (Unidas Podemos) y Los Verdes han votado en contra y Vox ha respaldado dos de los tres reglamentos, pero ha rechazado el de los planes estratégicos.

La reforma de la PAC -que entrará en vigor en 2023- ha sido calificada durante su debate como la más ambiciosa en los últimos 30 años y la segunda mayor de la historia de la UE, en materia agrícola.

HABRÁ UNA NUEVA RESERVA AGRÍCOLA PARA FINANCIAR MEDIDAS DE MERCADO EN TIEMPOS DE CRISIS, CON UNA PARTIDA ANUAL DE AL MENOS 450 MILLONES

Afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE, a 695.000 beneficiarios españoles y contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros para el campo comunitario, 47.724 millones para España.

La nueva PAC introduce los llamados ecoesquemas o pagos que supondrán un 25 % de las ayudas directas, otorgados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

En cuanto a los planes nacionales, los Gobiernos deberán remitiros a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre.

Por primera vez la PAC incluye una “condicionalidad” social, lo que significa que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas agrícolas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025.

Los Gobiernos repartirán al menos el 10 % de las ayudas a las explotaciones agrícolas más pequeñas y los países tendrán que explicar en sus planes estratégicos cómo planean hacerlo.

La aprobación definitiva de la reforma de la PAC fijará un nuevo nivel mínimo obligatorio de apoyo a los jóvenes agricultores, del 3% de los presupuestos de los países para el apoyo a la renta.

Dentro de los planes de desarrollo rural -cofinanciados por los países para actividades distintas o complementarias a la agricultura- al menos el 35 % de las ayudas serán para actuaciones medioambientales.

El acuerdo introduce una nueva reserva agrícola para financiar medidas de mercado en tiempos de crisis, con un presupuesto anual de al menos 450 millones de euros.