La nueva Política Agraria Común (PAC) terminará de cobrar forma en España con una serie de normas que deberán desarrollarse a nivel nacional en los cuatro meses que aún queda de año hasta su entrada en vigor en 2023.

El Parlamento tiene previsto tramitar en estos meses el proyecto de ley que fue aprobado el pasado junio por el Consejo de Ministros y que fija las normas de gestión y control para la aplicación de la nueva PAC hasta 2027.

Tras ser debatido con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, el texto aborda cuestiones como las penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas.

También fija un marco de actuación con vistas a facilitar la lucha contra el fraude y hacer frente a los posibles pagos indebidos a los perceptores de la PAC.

El citado proyecto de ley regula el uso sostenible de productos sanitarios y el uso prudente de antimicrobianos; ajusta la normativa de algunas reformas del reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios y establece normas en materia de comercialización del aceite de oliva y de asociaciones de productores del sector lácteo.

Además, se suma la legislación en relación con el bienestar animal y la nutrición sostenible de los suelos agrícolas, entre otros puntos.

Con la nueva política agraria, los países de la Unión Europea recuperan capacidad de planificación a cambio de mantener una estrategia común europea.

Después de que en julio pasado la Comisión Europea diera el visto bueno al plan estratégico nacional de aplicación de la PAC, el Gobierno aprobará en los próximos meses hasta 18 proyectos de reales decretos para aplicar cada uno de los elementos de dicho plan, que persigue un reparto más distributivo de las ayudas.

España dispondrá en el nuevo periodo de fondos por valor de 7.200 millones de euros anuales y el presupuesto total en ese periodo será de 47.724 millones de euros, que superarán los 50.000 millones si se suma la cofinanciación en desarrollo rural.

Entre las principales novedades están los «ecoesquemas», ayudas vinculadas a la mejora del medio ambiente y que representan el 43% de los fondos, al tiempo que se incrementarán las dotaciones para incorporar a jóvenes y mujeres a la actividad agraria, y para impulsar la innovación y la digitalización en el sector.

La aprobación de todo este paquete legislativo en los próximos cuatro meses dará paso a la difusión de su contenido para que los agricultores y los ganaderos puedan adaptarse a los cambios y presentar su solicitud única de ayudas en la campaña de 2023.