Los regantes llevan años reclamando la doble tarificación eléctrica y pese a estar aprobada el Gobierno se ha negado a cumplir la ley y aplicarla. Por eso, desde UPA se busca el mismo camino por el que se logró frenar la prohibición de las quemas agrícolas y asegura que la inclusión de esta medida en la normativa nacional de la nueva PAC permitiría desbloquear esta demanda histórica de los agricultores.
El alza del precio de la luz está golpeando con fuerza a toda la sociedad española. Pero hay colectivos que sufren especialmente este problema, y uno de ellos es el de los agricultores de regadío en toda España. El precio del kilovatio hora (kWh) se ha disparado a más del triple que el año pasado, hundiendo la rentabilidad de los agricultores de regadío.
De media, en el periodo P6 (el más barato) en 2021 el coste del kilovatio estaba en torno a los 0,05 €/kWh, cuando este año está costando más de 0,15-0,16 €/kWh. Esta subida se ha visto incrementada en alrededor de un 40% como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de ajuste por el tope al precio del gas.
Esta situación excepcional está agravando la crisis que sufren los agricultores de regadío, que a los recortes en las dotaciones por la sequía suman fuertes sobrecostes por la energía necesaria para regar. La injusticia tarifaria con los regantes en España no es nueva. UPA lleva años reclamando una doble tarificación que diferencie la campaña de riego —cuando se hace un uso más intensivo de potencia eléctrica, normalmente de abril a septiembre— de los meses en los que no riega
Esta reivindicación se ha plasmado ya hasta en tres leyes diferentes, sin que se haya traducido a la realidad. “Ya está bien”, critican desde UPA. “Exigimos una voluntad política firme para aplicar la doble tarificación, y la tramitación de los reglamentos de la PAC es un buen momento para su aprobación definitiva y su traslado a los contratos de la luz de los agricultores”, señalan.
BAJAR EL IVA A LOS REGANTES Y ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA DEL REGADÍO
UPA ha propuesto también establecer un IVA superreducido del 5% para los consumos de los agricultores mientras dure la situación de altos precios de la energía. Dado que la mayor parte de los agricultores se acogen al régimen de estimación objetiva del IRPF no es posible compensar el IVA, por lo que supone un gasto más para los productores.
Además, las comunidades de regantes, al ser corporaciones de derecho público, no pueden desgravarse el IVA y tampoco pueden facturárselo a los regantes. «El sistema fiscal está penalizando la gestión del agua en España. Es muy necesario reducir el IVA del suministro eléctrico para el riego al mínimo permitido por la UE, el 5%», explican desde UPA.
España posee la mayor superficie de regadío de Europa, el 54% de ella con sistemas localizados y, aunque el regadío apenas representa el 22,6% de la superficie agraria cultivada, en ella se obtiene el 65% de la producción final agraria, según el Ministerio de Agricultura.
“Todas las fuerzas políticas del Congreso y el Senado deben aprobar medidas concretas para aliviar la presión sobre este sector en este momento de crisis y garantizar que se pueda seguir sembrando y regando la ‘joya de la corona de la agricultura’ que asegura casi el 70% de la producción de alimentos en este país”, sentencian.