En un gesto conciliador, Francia ha ofrecido aplazar el cobro en 2020 del impuesto que aprobó el año pasado para las grandes compañías digitales extranjeras que operan en su territorio, la llamada ‘tasa Google’, al igual que ya ha planteado Canada. A cambio, Estados Unidos estaría dispuesto a no imponer nuevos aranceles a los productos franceses, por lo que frenaría la subida de hasta el 100% a diversos productos agroalimentarios como el vino o el queso.

Esta marcha atrás provocará que España, que también sufre esos aranceles y que teme una nueva subida, deba posicionarse sobre esta ‘tasa Google’ y tal vez rectificar, ya que EEUU también anunció que iba a imponer estos nuevos aranceles e incluso incrementar la lista de productos afectados. El problema de Pedro Sánchez es que se trata de una nueva figura fiscal que el Gobierno de coalición incluyó en su pacto de Gobierno.

La idea francesa, que de aprobarse será anunciada el miércoles en el foro económico de Davos, es dar tiempo a que se logre pactar un impuesto internacional que debe proponer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este mismo año.

“Es una posibilidad sobre la mesa de negociaciones”, confirmó a elpais.com una fuente francesa próxima a las negociaciones. La idea, explicó, es “posponer” los pagos de la tasa —los cobros se realizan en abril y noviembre— hasta diciembre, “para permitir hallar un acuerdo en el marco de la OCDE”, que siempre ha sido el objetivo declarado de París. Los contactos en los últimos días han sido “muy regulares” entre los equipos negociadores de Washington y París, pero las conversaciones son “complejas”, admitió.

En España, el Ministerio de Hacienda, de hecho, tiene prácticamente diseñada la infraestructura de la ‘tasa Google’ y calculado su impacto: aumentaría la recaudación en 1.200 millones. El 23 de octubre de 2018 sometió a consulta pública el anteproyecto de ley para aprobar dicho impuesto. En él se contemplaba un tipo impositivo del 3% sobre los servicios digitales que tuvieran una facturación mundial superior a 750 millones y cuyos ingresos en España fueran mayores a los tres millones de euros. El decreto definía tres hechos imponibles: la publicidad dirigida a usuarios de una plataforma digital (página web, software, red social); las plataformas que ponen en contacto a empresas y clientes (es el caso de Amazon) y la venta o cesión de datos. Pero la medida fiscal cayó en sacó roto por la convocatoria anticipada de elecciones.