UPA Castilla y León denuncia los ruinosos precios que están percibiendo los productores de patata de esta región, que en algunos casos están percibiendo seis céntimos de euro por kilo y con amenazas de bajar aún más, lo que prácticamentre supondría casi pagar por vender. Esta situación, según la organización, supone una ruina absoluta para sus explotaciones.

Los precios actuales con contrato oscilan entre los 0,14 a 0,20 euros/kilo dependiendo de variedades, pero en los casos de venta sin contrato, que en Castilla y León el porcentaje podría oscilar entre el 40 y 50%, los precios se derrumban incluso hasta los 0,06 euros/kilo con amenazas serias de que incluso bajen en los próximos días.

UPA considera incomprensible que se estén pagando estos precios y que se esté aprovechando la crisis de la COVID-19 por parte de operadores sin almacén, que compran y venden patatas desde el coche y con el móvil, para hundir miserablemente el mercado.

La organización  considera que «esta estrategia en forma de abuso responde al pulso que habitualmente echan este tipo de personajes tanto a los productores como a la propia administración, puesto que ni siquiera les preocupa estar incumpliendo flagrantemente la reciente Ley de Cadena Alimentaria, que estipula muy claramente la prohibición de pagar precios por debajo de los costes de producción, y por lo tanto se convierten en destructores del valor a lo largo de dicha cadena».

Para la organización, «se trata de maniobras ruines en unos momentos especialmente críticos como los actuales de pandemia para los pequeños y medianos productores, principales perjudicados, que a pesar de ser héroes por su encomiable labor como productores en momentos tan duros como los actuales, sufren en primera persona altísimos costes de producción y ven imposible rentabilizar su trabajo en la explotación».

Ante esta situación, UPA reclama a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que investigue con todos los medios a su alcance lo que está ocurriendo en Castilla y León, puesto que se está perjudicando muy gravemente a los productores y se está incumpliendo de forma evidente la Ley de Cadena, hasta el punto de que casi se va a acabar que el agricultor deba pagar por vender.

Para la organización, «debe ponerse fin al especulador proceder de determinados operadores que se aprovechan de un producto básico en los hogares de nuestra región comprando la patata a precios ruinosos y vendiéndola poco después con escandalosos márgenes de beneficio».