La Alianza UPA-COAG ha vuelto a alertar sobre las terribles consecuencias que para Castilla y León tendrá la maniobra del Gobierno español al implantar el impuesto al azúcar, al «demonizar públicamente al azúcar para justificar la puesta en marcha de un nuevo impuesto con el que el Ministerio de Hacienda pretende recaudar alrededor de 200 millones de euros al año, y de paso ceder a los intereses de determinados lobbys de presión».

Según denuncia en una nota de prensa, a día de hoy es «impredecible el impacto que para nuestra comunidad autónoma va a tener la maniobra del Gobierno español aplicando impuesto al azúcar. Más allá de imponer un nuevo gravamen  recaudatorio, lo que ha hecho el Ejecutivo central es poner en una situación muy compleja a  este producto agroalimentario hasta el punto de otorgarle el dudoso honor de ser el causante directo, y casi único, de enfermedades como la diabetes o la obesidad, sin citar como responsable de estos males por ejemplo al sedentarismo».

La Alianza ve «intereses económicos para que no quede ni rastro de este cultivo en zonas productoras como es nuestra CCAA»

Por otro lado, critica, por muy poco creíble, que el Gobierno español diga estar preocupado por la salud de los españoles, y no sea el Ministerio de Sanidad quien encabece campañas sociales con argumentos pedagógicos y didácticos sobre el consumo razonable.

En cualquier caso, la Alianza UPA-COAG considera «un despropósito absoluto que un alto responsable político del Gobierno de nuestro país haya puesto al azúcar, extraído de la remolacha, en la diana de sus detractores, entre las que están algunas grandes multinacionales con enormes intereses económicos para que no quede ni rastro de este cultivo agronómico en zonas productoras como es nuestra comunidad autónoma»

Por eso, recuerdan que en esta comunidad autónoma se moltura el 85% de la cuota de azúcar de España, se producen 421.000 toneladas de remolacha al año, se generan 6.000 empleos directos y muchos más indirectos. Además la industria remolachera da empleo a cerca de 2.000 personas, y un total de 4.000 agricultores de Castilla y León lo producen siendo los más competitivos de Europa con diferencia consiguiendo unos rendimientos que han crecido el 25 % en los últimos quince años.

Advierten que este impuesto «pueden resultar muy gravoso para las zonas de regadío de nuestra comunidad autónoma»

La Alianza UPA-COAG ha sido la organización agraria más reivindicativa a la hora de exigir al Gobierno regional e industrias un documento firme de apoyo al sector remolachero, tal y como finalmente se ha hecho. Sin embargo, considera que la Administración regional «no puede quedarse en una mera declaraciones de intenciones y debe dar un paso adelante en defensa de un sector estratégico para Castilla y León como es el remolachero».

De igual forma, la organización agraria deja claro que la base del desarrollo rural en Castilla y León es la agricultura y que decisiones políticas como la adoptada por el Ministerio de Hacienda y su responsable Cristobal Montoro, «pueden resultar muy gravosas para las zonas de regadío de nuestra comunidad autónoma».  

Finalmente, lamenta que «resulta vergonzoso que un ministro español haya puesto en el disparadero a todo un sector profesional tan relevante para Castilla y León como es el remolachero, y sin embargo haya dado argumentos a otros países, lobbys, multinacionales y poderes económicos influyentes para colocar en el mercado agroalimentario una alternativa al denostado, maligno y satánico azúcar, que les generará suculentos ingresos económicos».

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