La Alianza UPA-COAG valora emprender medidas de presión tras denunciar «la irresponsable» decisión de la Consejería de Agricultura de dejar fuera del proyecto de orden para regular las ayudas agroambientales dentro la programación 2023-2027 la percepción de pagos compensatorios de desarrollo rural destinados a la gestión sostenible de superficies forrajeras pastables a las parcelas de pastos permanentes de “uso común” aprovechadas por las especies bovina, ovina, caprina o equina.
La Alianza UPA-COAG recuerda que el nuevo diseño de la agroambiental «ya es de por sí extremadamente exigente como para que la Administración regional complique aún más la vida a los ganaderos de extensivo, por lo que nuestra organización valora emprender medidas de presión si la Consejería no rectifica en esta decisión».
PARA PERCIBIR UN NIVEL DE AYUDAS SIMILAR, LA GANADERÍA EXTENSIVA SE VERÁ FORZADA A CUMPLIMIENTOS “EXTRAS” DIFÍCILMENTE CUMPLIBLES
La realidad es que los requisitos a cumplir por parte de los profesionales del sector se endurecen por cuanto al haberse diseñado los eco-regímenes del primer pilar de la PAC, las agroambientales, por normativa europea, forzosamente han de ir un escalón más allá. «Ahora bien, no es menos cierto que las ayudas a percibir por los eco-regímenes tienen carácter compensatorio por la puesta en práctica de las medidas que exigen, y van mucho más allá de los condicionantes que imponía el pago verde».
Por tanto, consideran que «para percibir un nivel de ayudas similar a la programación 2023-27, la ganadería extensiva de Castilla y León se verá forzada a cumplimientos “extras” difícilmente cumplibles, cuando no imposibles para algunos de los que eran perceptores en la anterior programación PAC 2014-22».
Para la organización agraria el trasfondo de esta decisión es que la Consejería de Agricultura y no la de Medio Ambiente se está implicando más allá de lo que debería en la gestión medioambiental del territorio, y lo que es peor, su intromisión puede generar serios perjuicios a muchos profesionales de ganadería extensiva de Castilla y León.
Además en este proyecto de orden donde se recoge la exclusión de las parcelas de uso común en el nuevo diseño de esta ayuda agroambiental, que cabe recordar está en manos únicamente de la Junta de Castilla y León, afecta a gran parte de la ganadería extensiva de toda la comunidad autónoma, y especialmente aquella ubicada en las zonas periféricas y más desfavorecidas.
Por ello, la Alianza UPA-COAG apela al sentido de la responsabilidad de la Consejería de Agricultura para «que rectifique dada la maltrecha situación que vive la ganadería extensiva como consecuencia de una serie de factores que confluyen, todos ellos, provocando una sangría de ganaderos que de forma continúa están abandonando la actividad».
Resulta especialmente grave el momento que atraviesa un sector clave para la economía del medio rural como es la ganadería extensiva debido a los altísimos costes de alimentación y energía como consecuencia del conflicto bélico de Ucrania, a la fuerte sequía padecida en los tres primeros trimestres de 2022, a la falta de relevo generacional ante tan denostada profesión de forma injusta, así como a la presión insoportable derivada de los cada vez más frecuentes ataques de los lobos, que día tras día se nutren a la carta a costa del ganado doméstico.
De igual modo, la Alianza UPA-COAG recuerda las consecuencias tan negativa que ha tenido para este sector el nefasto año de incendios padecido en Castilla y León. Por todos estos motivos, «todo lo que sea no favorecer y fomentar el desenvolvimiento de la ganadería extensiva en su labor de generadora de biodiversidad y mantenimiento en un estado adecuado de la masa forestal de la comunidad autónoma, supondrá acrecentar el riesgo de incendios», por lo que valora emprender medidas de presión si no hay un cambio de rumbo.