La Junta de Castilla La Mancha ha sido cómplice del maltrato animal que la justicia acaba de acreditar en una sentencia en el matadero de Incarlopsa, el principal proveedor de carne de cerdo de Mercadona. El gobierno de Emiliano García-Page no sólo omitió su deber al ignorar las advertencias de los inspectores veterinarios, sino que aplicó una persecución para sancionarlos y apartarlos de sus puestos de trabajo, tal y como había ordenado la propia empresa cárnica denunciada, según recoge David Placer en economiadigital.com.

El matadero de Tarancón (Cuenca) sometió a maltrato animal a los cerdos que sacrificaba sin la sedación exigida por ley. Entre finales de 2013 y principios del año pasado, el proveedor de Mercadona incumplió el proceso de sedación que exigía que los cerdos permaneciesen en un foso de CO2 durante tres minutos antes del sacrificio.

Pero las prisas por atender la creciente producción hacían que la compañía incumpliese los plazos y degollase los cerdos en estado de consciencia. Al ser sacrificados, los animales emitían ruidosos gruñidos que alertaron a un grupo de veterinarios. Este grupo optó por denunciar las condiciones del matadero y el incumplimiento de las normas.

El matadero incumplía el proceso de sedación requerido para el sacrificio

En lugar de sancionar a la compañía, la consejería de Sanidad de Castilla La Mancha se dedicó a perseguir a los funcionarios que denunciaron las irregularidades. El gobierno autonómico abrió un expediente disciplinario y decidió apartar a los inspectores de sus puestos de trabajo, tal como había exigido Incarlopsa, una empresa que factura 600 millones de euros a Mercadona y que se ha convertido en la primera empresa de la región.

Economía Digital ha contactado con el presidente de Incarlopsa, el empresario Emilio Loriente, que negó tener conocimiento de la sentencia. Este medio también contactó con la consejería de Sanidad de Castilla La Mancha, pero no recibió respuesta.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, firmada el 21 de septiembre de 2017, asegura que el gobierno autonómico trabajó bajo las órdenes de la empresa, lo que supone “una manifiesta arbitrariedad y demuestra complacencia y claudicación” ante el proveedor de Mercadona.

La contundente decisión judicial considera inaudito que el gobierno autonómico, en lugar de sancionar las situaciones de maltrato animal ocurridas en el matadero, se dedicase a perseguir a quienes las denunciaban. El acoso a los veterinarios comenzó en el gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) y concluyó con la sanción a los trabajadores durante el gobierno de García-Page (PSOE) y su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.