La Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, que agrupa a casi 2.000 regantes de la provincia de Sevilla, no tendrá que abonar un sólo euro de los 36 millones que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le reclamaba en concepto de liquidación de sus obras de modernización, al incluir en ella, como un coste más, la indemnización que dicha Sociedad tuvo que abonar a las empresas constructoras FCC y Martín Casillas, tras la rescisión del contrato que tenía formalizado con ellas para su ejecución.

Así lo ha dictaminado el laudo arbitral que avala y respalda, punto por punto, los argumentos de defensa de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, concluyendo que la responsabilidad sobre la contratación y desarrollo de las obras correspondía íntegramente a SEIASA y que, por tanto, también correspondían a ella las decisiones a adoptar y sus consecuencias, sin que éstas puedan repercutirse ahora sobre la Comunidad.

Los orígenes se remontan a finales del año 2003, cuando la Sociedad Estatal y la Comunidad de Regantes firmaron un Convenio de Colaboración por el que SEIASA se comprometía a ejecutar las obras de modernización de las infraestructuras de la Comunidad, por un importe máximo total de 116 millones de euros, que le serían abonados por la Comunidad conforme al esquema financiero pactado entre las partes.

Sometidas a licitación pública, SEIASA adjudicó inicialmente la ejecución de las obras a una UTE formada por las empresas constructoras FCC, Martín Casillas y Aqualia. Sin embargo, tiempo después, y con las obras a medio hacer, SEIASA decidió rescindir el contrato, lo que provocó la reclamación de ésta y la condena a la Sociedad Estatal al pago de una indemnización millonaria.

Desde entonces (hace ya casi diez años), SEIASA ha titubeado sobre la procedencia de considerar o no esa indemnización como un mayor coste de la obra, hasta que finalmente ha decidido reclamar formalmente su pago a la Comunidad de Regantes, instando el inicio de un procedimiento arbitral que se ha desarrollado en la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y que ha culminado con el laudo arbitral que exonera a la Comunidad de cualquier responsabilidad sobre aquellos hechos.

A lo largo del procedimiento, que se ha tramitado en un expediente integrado por 9.555 folios, la Comunidad, representada por la oficina de Sevilla del despacho de abogados Cuatrecasas, ha acreditado que cumplió en todo momento sus obligaciones, manteniendo siempre y con firmeza una postura coherente y consistente con el Convenio firmado con SEIASA; y que, por tanto, corresponde exclusivamente a la Sociedad Estatal soportar el coste de la indemnización a la que fue condenada en su día, como única responsable de la contratación, ejecución y dirección de las obras.

Culmina así un procedimiento de arbitraje que, diez años después de la entrada en servicio de las obras, acota definitivamente las responsabilidades de cada una de las partes y fija el coste máximo de las obras a abonar por la Comunidad de Regantes precisamente en los 116 millones de euros que se establecieron en el Convenio como límite máximo a la inversión.

El mayor proyecto de modernización del regadío español

“En todo este tiempo, desde la Comunidad de Regantes del Valle Inferior hemos trabajado intensamente por defender los intereses de nuestros comuneros y regantes, y en defensa de la propia Justicia. Tras este proceso de arbitraje favorable, con el horizonte ya despejado y sin el peso que suponía esta losa, nuestra Comunidad podrá seguir trabajando en acometer nuevos proyectos innovadores que le permitan mantenerse en la vanguardia del regadío español y euro-mediterráneo, como siempre lo ha estado a lo largo de su historia”, señaló el presidente de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, Borja Roca de Togores.

La modernización de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, ejecutada entre los años 2005 y 2009, supuso el mayor proyecto de modernización del Plan Nacional de Regadíos de España, y ha permitido en esta última década un ahorro real del consumo de agua para riego en esta zona de entre el 25 y el 30%.

Este proyecto, desarrollado durante la presidencia en la Comunidad de Margarita Bustamente e inaugurado por los Reyes de España, D. Juan Carlos I y Doña Sofía, supuso una renovación integral de las infraestructuras de riego, potenciando el desarrollo de esta zona regable e impulsando la transformación de su actividad agrícola.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here