El sector del vino vive un momento muy complicado. Ahora que concluye la vendimia de este año, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reunido a su Sectorial Vitivinícola para hacer balance de la campaña, con resultados que tildan de “desoladores”. La rentabilidad de los viticultores se ha hundido hasta el punto de poner en peligro su supervivencia en prácticamente todas las regiones españolas.

Unos días después de que viticultores franceses organizasen una acción violenta en la frontera de los Pirineos contra el vino español, los productores de uva españoles lamentan un ataque que califican de vandalismo. El ataque francés ha sido calificado por UPA de “ilógico e injusto”, pues el contexto en España es aún más complejo que en Francia: La producción este año baja un 15% respecto a 2022, que ya estuvo por debajo de la media, hasta situarse en 34,24 millones de hectolitros de vino y mosto. A pesar de esa escasa producción se están dando importantes problemas de mercado, con bajos precios en origen y altos costes.

El cambio climático está golpeando duramente al sector del vino, provocando un bajo rendimiento y una escasa producción por la sequía, las olas de calor y las lluvias a destiempo. A ello se suma el incremento de los costes de producción en partidas como los combustibles, los abonos o la maquinaria.

MEDIDAS DE CONTENCIÓN INSUFICIENTES

A pesar de las medidas de contención de la oferta puestas en marcha este año, como la cosecha en verde -regulada en once comunidades autónomas- o las destilaciones de crisis en La Rioja, Cataluña, Extremadura y País Vasco, UPA cree que “no han sido suficientes para amortiguar el descenso de precios y fomentar un mercado ya de por sí muy debilitado”.

El consumo de vino sigue bajando en el mercado interior, con un volumen de 9,6 millones de hectolitros (un descenso del 6,4% en el interanual), muy lejos de los más de 11 millones de hectolitros que llegamos a alcanzar en los meses previos a la pandemia. Las exportaciones, a pesar de haberse incrementado en valor, algo lógico dentro del contexto inflacionista, descienden en volumen, marcando una tendencia “muy preocupante” para un país como España, que es el primer exportador mundial de vino en volumen.

“Estamos ante un problema de mercado”, aseguran desde UPA, generado “no por excedentes”, sino por falta de consumo interior y exterior. Además se constata una tendencia del precio a la baja, tanto en precios de uva, como de vino y consumo en la categoría de los tintos, mientras que hay un crecimiento en la demanda de vinos blancos.

REFORMAS PARA PROTEGER A LOS VITICULTORES

Los viticultores creen que es imprescindible reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para proteger la supervivencia del sector productor en el futuro. También la intervención sectorial vitivinícola (ISV), que sustituye en la nueva PAC al PASVE de años pasados, debe modificarse para adoptar mecanismos de gestión acordes con la oferta.

También la cosecha en verde supone para UPA una opción que hay que mantener en determinadas campañas para poder controlar la producción y evitar posibles destilaciones de crisis que además son cuestionables desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Además, UPA va a seguir insistiendo en introducir una medida de ayudas a inversiones en explotaciones vitícolas, porque está incluida en las opciones dentro de la normativa comunitaria, y que ya fue reclamada desde la organización a pesar de que el Ministerio de Agricultura no consideró conveniente su inclusión en el conjunto de medidas de la ISV.

EL PAPEL DE LA INTERPROFESIONAL

UPA ha calificado de “instrumento vital para el sector” el Plan Estratégico elaborado en el seno de la Interprofesional del Vino de España (OIVE), con diversos ejes, medidas y acciones, sobre la que actualmente se está trabajando y en la cual UPA apuesta decididamente por medidas como la futura norma de comercialización que tenga por objetivo una autorregulación del sector.

También UPA se ha referido a los eco-regímenes vinculados al sector, señalando la necesidad de fomentar estas medidas, pero también modificando sus condiciones y requisitos para que puedan ser aplicables desde una manera más óptima para las explotaciones y garantizar la rentabilidad de los viticultores.