La Consejería andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha recordado en una nota  a los algodoneros andaluces que este lunes 20 de junio, concluye el período extra establecido para poder modificar la ayuda específica al cultivo del algodón incluida en la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) de 2022.

La ampliación del plazo para cambiar la petición de estas subvenciones europeas ha respondido a la demanda y el interés de numerosos titulares de explotaciones de algodón que, debido a la escasez de lluvias que ha caracterizado este año climatológico, se han visto obligados a sustituir cultivos de regadío por secano.

Si en el plazo establecido no se modifica el tipo de cultivo (de regadío a secano) por el que realmente se está desarrollando en 2022, los agricultores recibirán la comunicación de una incidencia relativa al correspondiente control de monitorización de las ayudas.

Sin embargo, esto no significa que los algodoneros andaluces vayan a ver reducida esta subvención de la PAC porque, en este caso concreto, se podrá realizar la modificación de la Solicitud Única sin penalización en el momento en que se notifica la incidencia.

De igual forma, domo consecuencia de las bajas precipitaciones, también se está valorando la posibilidad de revisar los rendimientos mínimos exigidos para el cobro de esta ayuda específica si las circunstancias climáticas lo justifican.

En total, suelen solicitar la ayuda específica al cultivo del algodón alrededor de 5.400 agricultores andaluces. La mayoría de ellos son titulares de explotaciones ubicadas en la provincia de Sevilla, que reúne alrededor de 3.300 fincas de algodón. El territorio gaditano, por su parte, concentra 880 explotaciones; y el jiennense, ronda las 800.

Cabe recordar que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar el importe definitivo de las ayudas acopladas al cultivo del algodón de la campaña 2021, fijado en 1.038,037990 euros por hectárea, después de comprobar que ese año se rebasó la superficie básica nacional establecida para su cobro.