Mientras que la Consejería de Agricultura y Ganadería responsabiliza en parte a los agricultores de la Comunidad por las pérdidas por no asegurar los cultivos, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) recuerda que las ayudas para la contratación de seguros agrarios llevan sin convocarse desde la siembra del 2014 y reclama ayudas para paliar la extrema sequía de Castilla y León.

La organización reconoce que si bien, la mayoría de los agricultores apuestan por asegurar sus cultivos y explotaciones agrarias -en la última campaña 2016/2017 se han asegurado en torno al 43% de la superficie de cultivos herbáceos extensivos en Castilla y León- recuerda que la contratación de los seguros agrarios es voluntaria y en ningún caso obligatoria y que el coste medio por hectárea ronda los 19€ y no los 10€ como puntualizó la ministra de Agricultura hace unos días.

UCCL recuerda que la normativa comunitaria establece ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso

Del mismo modo esta organización agraria achaca la disminución en la contratación de los seguros agrarios a «la bajada continuada de la financiación de los seguros agrarios por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería y del Ministerio y a que los rendimientos fijados en las pólizas no se ajustan a la realidad de las explotaciones agrarias».

Asimismo, esta organización agraria puntualiza que la normativa comunitaria establece ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, como es el caso de sequía grave, que destruyan más del 30% de la producción anual. Por eso, la UCCL no entiende cómo la Administración s»e opone rotundamente a la puesta en marcha de estos mecanismos tendentes a compensar la pérdida de ingresos ocasionada por la destrucción total o parcial de la producción agrícola, cuando Castilla y León la perdida de producción se fija ya en más del 60%».

Por ello y ante la situación extrema del sector agroganadero la UCCL reclama la puesta en marcha de ayudas directas a todos los agricultores y ganaderos para compensar los daños causados por la ausencia de precipitaciones en sus explotaciones, exención de cotizaciones a la Seguridad Social, flexibilidad para el cumplimiento de los requisitos para el pago verde y los compromisos agroambientales, así como reducciones fiscales, exoneración del pago de la tarifa de utilización de agua, moratoria para la amortización de préstamos oficiales… así como otro tipo de medidas que harán llegar a la Administración