LA UNIÓ de Llauradors denuncia que han pasado ya tres meses y medio desde que la gota fría (lluvia, pedrisco y viento) afectó a la comarca de la Ribera y los agricultores afectados siguen a la espera de algún tipo de solución por parte de las Administraciones, tanto en forma de ayudas como de arreglo de las infraestructuras dañadas.
Las pérdidas directas fueron estimadas en su día por parte de LA UNIÓ en más de 10 millones de euros en las comarcas de la Ribera Baixa y Ribera Alta. La zona más afectada comprendía unas 1.100 hectáreas de cultivo de cítricos, caquis y hortalizas y las localidades más damnificadas fueron Almussafes, Alginet, Benifaió, Sollana y Sueca.
La gota fría, con precipitaciones acumuladas de hasta 500 litros, originó daños a principio de noviembre en infraestructuras agrarias como caminos, márgenes, invernaderos o sistemas de riego, así como en almacenes agrícolas, entre otros. Desde esa fecha hasta ahora poco o nada se ha reparado, según la evaluación de LA UNIÓ tras recorrer las zonas afectadas, y las dificultades para efectuar la actividad agraria normal en el campo prosiguen.
Tampoco se conoce nada acerca de las medidas urgentes solicitadas por LA UNIÓ a todas las Administraciones en aquella fecha y que hacían referencia a la concesión de ayudas, la reducción del módulo del IRPF, la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social durante un año, el establecimiento de préstamos con interés subvencionado y también una serie de actuaciones y ayudas para las cooperativas comercializadoras afectadas.
NI AYUDA DE LA GENERALITAT, NI DEL ESTADO NI SIQUIERA EN EL IBI RÚSTICO EN LOS AYUNTAMIENTOS
En este sentido, a la Generalitat Valenciana le demandaba un paquete de ayudas para reparar infraestructuras y daños en explotaciones agrarias y también ayuda para la compra o reparto gratuito de productos fungicidas.
Para el Gobierno del Estado, LA UNIÓ instaba a la concesión de ayudas a los ayuntamientos afectados para el arreglo de las infraestructuras dañadas: caminos agrícolas, sistemas de riego, invernaderos, etc. También pedía préstamos a interés cero para las personas agricultoras y ganaderas afectadas o indemnizaciones para hacer frente a los gastos de campaña con objeto de tener ingresos para afrontar las nuevas cosechas. En el apartado fiscal y de Seguridad Social reclamaba la exención del 50% de las cuotas de la Seguridad Social durante seis meses, la reducción de los módulos fiscales de cara a la próxima campaña de la renta en las explotaciones afectadas y compensar a los ayuntamientos que apliquen la exención del pago del IBI rústico y de los bienes afectos a la actividad agraria.
En este último aspecto conminaba a los Ayuntamientos afectados a la exención del pago del IBI rústico y de los bienes afectos a la actividad agraria, así como agilidad en la reparación de las infraestructuras agrarias de su competencia para evitar problemas a la hora de acceder a las explotaciones.
Sin embargo, pese a las peticiones realizadas por la organización con carácter de urgencia para el arreglo de las infraestructuras dañadas, nada se ha hecho durante este periodo de tiempo transcurrido, lo que ha desatado el malestar entre las personas afectadas por si al final se quedan en el olvido y ni se reparan ni se compensan de ningún modo las pérdidas.