Tres furtivos encapuchados armados con bates de béisbol agredieron a un guarda rural de 60 años cuando trató de identificarlos en el interior de la finca que gestiona en el municipio de Almonte.

Ante esta situación, el sindicato FTSP-USO Andalucía, se personará como acusación particular contra los furtivos si se abren diligencias judiciales, según ha asegurado su responsable regional Víctor Villalobos.

Desde esta organización lamentan este incidente  «ya que son demasiadas agresiones. Ni siquiera sería admisible una. ¿Tendrán que matar a alguien en Andalucía, como ya ocurrió en el 2017 en Cataluña?».

LAMENTAN QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO ESTÉ TOMANDO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESTOS GUARDAS RURALES

De igual forma, instan a la Junta de Andalucía a tomar medidas, por lo que van a solicitar también públicamente mayor respaldo institucional y administrativo «a una figura fundamental para la conservación y que pone en riesgo su propia integridad física, sin medios ni jurídicos ni materiales como armas acordes al riesgo y situación».

Asimismo, desde el sindicato condenan cualquier tipo de agresión a los guardas rurales, y en especial esta de tres furtivos encapuchados armados con bates de béisbol, y piden protección jurídica a las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Por eso, aseguran que «no entendemos cómo la Junta de Andalucía no nos dan respaldo jurídico y regularizan la situación de precariedad de los Guardas Rurales de Caza en Andalucía, personal muy necesario en la conservación y cuidado del Medio Ambiente, altamente cualificados, que pasan unos rigurosos exámenes por el Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil para conseguir la habilitación».

Por último, reiteran que «no existe justificación alguna para hecho tan lamentable. El trabajo del guarda rural de Seguridad Privada conlleva riesgos, es evidente, el ejercicio de la coerción es inherente a nuestras funciones pero esos riesgos deben limitarse al máximo de lo posible y hoy esto no está ocurriendo. En Andalucía se está dando un agravio comparativo a otras comunidades autónomas españolas como el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana, Galicia y otras…».

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