Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, se congratula de la decisión de aprobar la ampliación del plazo de la actual PAC hasta el año 2022, «siempre y cuando se destinen fondos suficientes», y pide que se avance en la formación del presupuesto agrario de los próximos siete años.

Unión de Uniones aplaude la ampliación del plazo, que considera coherente y beneficioso para que en estos momentos de crisis se cuente con  un marco normativo estable que dé cobertura a los agricultores y ganaderos.

Por otro lado, sin embargo, muestra su preocupación por la falta de acuerdo en torno a las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 y reclama a todos los Estados, en especial al español, que avancen urgentemente en este sentido, dada la imperiosa necesidad de definir cuanto antes el presupuesto agrario de los próximos siete años.

La organización destaca que la última propuesta de la Comisión, realizada en mayo de 2020, fue la de reducir el presupuesto de la PAC en un 9% (precios constantes de 2018), lo que se suma a las propuestas de recorte realizadas anteriormente por la propia Comisión, que propuso inicialmente reducir un 15,3%, y por las presidencias finlandesa y croata del Consejo, que propusieron recortes del 12,7% y el 14% respectivamente. Solo el Parlamento Europeo ha defendido, hasta el momento, el mantenimiento del presupuesto de la PAC para el periodo 2021-2027, proponiendo un 0,1% más respecto al periodo anterior.

En este semestre, con Alemania presidiendo el Consejo Europeo desde el 1 de julio, se pretende cerrar la cuestión del Marco Financiero plurianual (será una de las áreas principales de trabajo según ha reconocido la misma presidencia), lo que supone, a juicio de Unión de Uniones, una gran oportunidad para defender de verdad los intereses del sector por parte del Gobierno estatal en Bruselas y hacer valer lo que dijo el propio Pedro Sánchez de defender una PAC fuerte con presupuesto suficiente.

«La reducción del 9% de la PAC para el periodo 2021-2027 no puede ser una opción» declaran desde Unión de Uniones, «el Gobierno debe defender con uñas y dientes mantener la asignación estatal, si verdaderamente quiere que el campo español pueda ser sostenible económicamente en los próximos años», concluyen.