El campo español ha notado un encarecimiento de sus costes de producción vinculado a la implementación de las medidas de prevención y seguridad frente a la covid-19 y pide a las administraciones que les ayuden a pagar las pruebas PCR de los temporeros para desarrollar las campañas.
Efeagro ha consultado con las tres principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) la situación actual de los trabajadores del campo en España en este marco de pandemia mundial y con campañas potentes que acaban de arrancar, como la vendimia.
Todos ellos confluyen en la idea de que los productores han cumplido, en una amplía mayoría, con los protocolos para evitar contagios en sus explotaciones pese al encarecimiento de los costes.
El director de Asaja, Juanjo Álvarez, indica a Efeagro que, «a día de hoy», se ha avanzado «muchísimo» en las medidas de prevención porque el empresario agrícola no se las ha tomado como una recomendación sino como «una obligación».
Para reflejar el coste asociado a todo ello hace referencia al balance de la campaña de fruta de hueso y de pepita en Lleida que, según un estudio de esta organización, ha supuesto un encarecimiento de entre 2.000 y 3.000 euros/mes.
NIEGAN QUE LOS REBROTES EN ZONAS AGRÍCOLAS SE DEBAN A CONTAGIOS EN LAS EXPLOTACIONES Y LOS VINCULA A UN «PROBLEMA DE INMIGRACIÓN CON ASENTAMIENTOS DE ILEGALES»
Se trata de un encarecimiento de los costes «que se han cargado al presupuesto del agricultor» por lo que reitera la necesidad de que las administraciones «ayuden» a sufragar los «sobrecostes» derivados de las pruebas PCR y resto de las acciones aplicadas.
Y pone como ejemplo a La Rioja y Castilla y León, cuyos gobiernos sí han hecho los test a los temporeros: «El resto de las comunidades autónomas no ha hecho nada».
Niega también que los rebrotes en zonas agrícolas se hayan debido a contagios en las explotaciones y los vincula más a un «problema de inmigración» con «asentamientos de ilegales» en el que el Gobierno central «tenía que haber tomado parte» para solucionarlo.
El responsable de fruta dulce de COAG, Osvald Esteve, prefiere hablar de porcentajes, porque asegura que proveer de suficientes mascarillas, realizar los controles pertinentes y demás medidas ha supuesto un sobrecoste de entre un «10 y un 15 %». No obstante, reconoce que gracias a ello podrán acabar la campaña en la fruta dulce «con bastante dignidad» dentro de una situación «tan extrema».
Asegura que han sido «bastantes estrictos» con todas las prevenciones anti-covid porque es «importante» tanto para los trabajadores como para las empresas.
Las campañas que arrancan ahora lo hacen ya con el conocimiento y el bagaje en prevención aprendido en los últimos meses: «Cuanto más estamos trabajando, más estamos aprendiendo, porque a todos nos pilló esto por sorpresa», incide.
«SORPRENDE» QUE EL SECTOR PRIMARIO «HAYA ESTADO EN LA PICOTA DURANTE TODO EL VERANO» CUANDO «NO HA HABIDO NINGÚN CONTAGIO DENTRO DE LAS EXPLOTACIONES»
Lamenta, por otro lado, el trato que han recibido los agricultores en los últimos meses, pasando de «héroes esenciales» durante el estado de alarma a «maltratadores», y especifica que se refiere a hechos como el cuestionario que aplicó recientemente el Ministerio de Trabajo durante una campaña de inspección en el campo, en el que figuraba como uno de sus objetivos detectar posibles casos de «esclavitud o prácticas similares».
Al secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, también le «sorprende» que el sector primario «haya estado en la picota durante todo el verano» cuando, según su conocimiento, «no ha habido ningún contagio dentro de las explotaciones».
«Ha habido contagios entre temporeros que han vivido en condiciones que no son las más adecuadas (muchos en una casa o incluso en la calle) pero no dentro de la explotación agraria», asevera.
Por eso, cree que en el campo se da «más seguridad incluso que en otros sitios» y estima que la «inmensa mayoría» de los agricultores «cumple con las normas de seguridad».
El paso de los meses ha permitido generar conocimiento no sólo entre el empresariado, sino también entre «los propios trabajadores que llegan guardando sus precauciones porque están sensibilizados» ante un asunto «peligroso y serio».
Ramos también valora el papel de «muchos ayuntamientos», especialmente aquellos en los que hay vendimia, porque «están haciendo controles» sanitarios a trabajadores que llegan a sus términos municipales para evitar así contagios de la covid-19.