Hace unas semanas, la Asociación Nacional de ITEAF (ANITEAF) advertía de que casi el 75% de los agricultores que tienen maquinaria de aplicación de fitosanitarios no habían pasado la inspección obligatoria. Ahora cuando queda menos de quince días para que finalice el plazo, el temor a una oleada de sanciones por no pasar esta revisión empieza a preocupar seriamente al sector.
Y es que ya se ha dejado claro que sin el perceptivo informe favorable dicha maquinaria no podrá salir al campo ante el riesgo de multa por parte del SEPRONA, a la vez que ya se ha dejado claro que el plazo límite no se ampliará más allá del 26 de noviembre, fecha establecida, por mucho que haya habido voces que reclamen una prórroga.
En Galicia, por ejemplo, ya se están oyendo voces que se niegan a asumir estas sanciones ante la imposibilidad de poder cerrar a tiempo sus inspecciones. Hatsa el punto de que el secrtario general de Unions Agrarias, Román Santalla, ha acusado a la Xunta galega de «pensar más en las sanciones que recacabar información de los afectados y de los problemas que tienen para sapasar las revisiones».
También critica que la Administración no se preocupó de asesorar en las propias oficinas de Extensión Agrarias y asegura que como sindicato realizó una campaña informativa con este asunto y se hizo eco de los «problemas burocráticos» que no se han llegado a solventar.
La única esperanza de muchos agricultores es que, de forma indirecta, podrán disponer de algo más de tiempo porque su maquinaria no tendrá que estar operativa hasta los primeros meses del año de 2017, aunque no oculta una realidad de que, como en tantas otras cuestiones, se ha actuado con lentitud, desorganizacón y falta de planficiación que puede acabar costando mucho a los bolsillos de los agricultores.