La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, ha hablado hoy de la posibilidad de un nuevo trasvase Tajo-Segura, “a partir del 1 de abril”, una vez que la comisión técnica así lo autorice, tras evaluar la situación de los embalses.

Tejerina lo ha apuntado así en el programa “Hoy por hoy”, de la Cadena Ser, tras hacer hincapié en que subieron “las garantías para esta cuenca”, por lo que “no se puede trasvasar si no hay al menos 400 hectómetros cúbicos” en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Por ello, ha apuntado, durante todo este tiempo (en referencia a los últimos meses de sequía) “no ha habido trasvase”. Igualmente, ha asegurado que la transferencia de agua se hará “con absoluta transparencia”, conforme a una “reglas claras” establecidas para este trasvase.

El Pacto Nacional del Agua consta de 45 medidas muy concretas

Ahora que 400 hectómetros quedarán en la cuenca, “habrá trasvase” de “lo que esté por encima y sólo por encima”, si la comisión técnica (Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura -que se reúne a principio de cada mes-) así lo estima.

La ministra también ha señalado que su propuesta de Pacto nacional por el Agua, un pacto por el “medio ambiente” y con la sociedad, consta de 45 medidas “muy concretas”.

Entre ellas, ha citado la que se refiere a nuevas transferencias de agua entre cuencas, para las que propone “estudiar” la viabilidad medioambiental, económica y técnica, a las que “ponemos condiciones”, que se hará si hay “consenso suficiente” y con preferencia por la cuenca cedente, “como ya sucede”.

También ha mostrado su apoyo al trasvase de 15 hectómetros cúbicos del Tinto-Odiel-Piedras a la demarcación del Guadalquivir, porque permite cambiar “agua subterránea por superficial” y quitará presión a las masas subterráneas y proteger así “mejor” Doñana.

Los agricultores han salido a la calle en diversas ocasiones, la última el pasado 7 de marzo, pidiendo medidas que palíen las consecuencias de la sequía, incluyendo medidas excepcionales que el Gobierno calificaba que iban contra la ley vigente.

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