La Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante ha mostrado este jueves 25 su rechazo a «la intención del Gobierno de España de modificar de forma inmediata las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, reduciendo los caudales trasvasables con destino al levante español». Desde Andalucía tambien se suman a un cambio en el trasvase.

En una reunión extraordinaria y urgente, este órgano alicantino de carácter técnico ha adoptado un acuerdo por unanimidad en el que reclama la paralización de esta medida, que «está previsto que adopte el Consejo Nacional del Agua el próximo lunes», según un comunicado de la corporación provincial.

Para la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante, dicha medida para ir reduciendo los caudales es «inoportuna», pues «interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo que está previsto se apruebe el próximo año».

Además, sostiene, es «arbitraria y, por tanto, nula de pleno derecho, al causar inseguridad jurídica e incertidumbre -probablemente tendrá que ser revisada una vez finalice el proceso de planificación hidrológica, tal y como alerta el propio Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)-«, según la nota de prensa de la Diputación de Alicante.

Igualmente, la Comisión Técnica del Agua considera que «el cambio promovido por el Ejecutivo central es ineficaz y contrario a los intereses de los supuestos beneficiarios de la misma, ya que no proporcionará más recursos», añade el comunicado.

En este punto, se alerta de que la modificación del volumen a trasvasar supondrá un recorte del 4 % de las aportaciones para riego con respecto a las condiciones actuales, que se traducirá, únicamente, en un aumento en las pérdidas de evaporación.

ANDALUCÍA PIDE AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE «NO SE PONGAN MÁS OBSTÁCULOS» AL TRASVASE TAJO-SEGURA

Por su parte, la consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha pedido al Gobierno de España que «no pongan más obstáculos» al trasvase Tajo-Segura, como plantea la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para aprobar que se vaya reduciendo los caudales, y ha recordado que su regulación viene establecida por una ley en la que se detallan «unas condiciones técnicas que no se deben modificar por caprichos políticos».

El Ministerio de Transición Ecológica ha convocado el Consejo Nacional del Agua para que vote el informe preceptivo para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura vigentes desde 2014. El Gobierno quiere reducir los 38 hm3 mensuales del nivel 2 (que dependen del agua en Entrepeñas-Buendía) que se envían a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm3. Ante esta circunstancia, Carmen Crespo ha apelado al concepto de solidaridad entre territorios. «El agua es para beber y para comer y la que sobra en unos sitios es necesaria en otros. El trasvase resulta absolutamente necesario para Murcia y Valencia, pero también es de vital importancia para el norte de Almería y, desde luego, la Junta de Andalucía va a estar al lado de los regantes», ha explicado la consejera.

A su juicio, no existen razones de peso para fijar una nueva hoja de ruta para el trasvase Tajo-Segura que reabra conflictos entre territorios. «Deben entender que ya hay una ley que determina las condiciones de los caudales ecológicos, basado en criterios científicos y, por tanto, no ha lugar esta situación y defenderemos los intereses de los regantes», ha concluido.