El Consejo de Gobierno ha acordado suspender el procedimiento sancionador incoado a las empresas Redelsur, SL; Ecogades, SL, y Delphi Automotive Systems España, SL, por diversas infracciones contra la normativa medioambiental en sus instalaciones del Polígono Industrial del Trocadero en Puerto Real y de Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Se da la circunstancia de la Guardia Civil decidó cerrar la planta de Redelsur antes de que los encargados de la compañía estuvieran acusados de acumular 5.000 toneladas de agua y residuos peligrosos en tanques de la factoría.
La propuesta de resolución del procedimiento ahora suspendido proponía la imposición de multas por importe total de 4,74 millones de euros
La decisión de ahora e la Junta obedece a la apertura de un proceso penal en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto Real por los mismos hechos, que se concretan en gestión y transferencia de residuos peligrosos sin autorización ambiental integrada; almacenamiento y eliminación incontrolada a través de la red de saneamiento municipal; vertido indirecto de aguas oleosas a la red, y abandono de tierras contaminadas con hidrocarburos.
De acuerdo con la vigente Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la suspensión acordada se mantendrá hasta que el proceso penal concluya con una resolución judicial firme.
El expediente sancionador fue iniciado el 9 de septiembre de 2015 por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cádiz tras una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil, que constató el almacenamiento, vertido y abandono de residuos tóxicos y peligrosos en las antiguas instalaciones de la factoría Delphi por parte de Redelsur, sin ser gestor autorizado. Estos hechos están calificados como graves y muy graves por la legislación vigente.
Asimismo, se acordó iniciar procedimiento a Ecogades por la recogida de estos residuos en sus dependencias de Chiclana de la Frontera y el abandono de otros. A Delphi Automotive Systems España se le abrió expediente por su responsabilidad como arrendador de los terrenos.
La propuesta de resolución del procedimiento ahora suspendido proponía la imposición de multas por importe total de 4,74 millones de euros.