La Asociación Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) ha trasladado a la Secretaría General del Departamento de Agricultura, Cristina Massot, la necesidad de adoptar medidas urgentes y efectivas ante la sobrepoblación de fauna cinegética que afecta varias zonas agrarias de Cataluña, a la vez que mostraban su enfado porque, en su opinión, «el Departamento de Agricultura se va de vacaciones mientras que la fauna trabaja».
La organización también ha presentado casos documentados facilitados por personas afectadas, que evidencian carencias e incumplimientos en la respuesta ante el daños. JARC considera que las densidades actuales han superado cualquier escenario ordinario de gestión y que las medidas anunciadas hasta ahora resultan inútiles cuando se aplican sobre el terreno.
«El problema ya no es la carencia de diagnóstico. Hace muchos años que JARC denuncia los daños. El que hace falta ahora es presupuesto, decisiones, calendarios y resultados», señala Lluís Viladrich, responsable sectorial de Fauna de JARC.
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA UNA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA
Así pues, JARC defiende que la problemática no se puede continuar abordando exclusivamente con las herramientas tradicionales de control poblacional. La dimensión de los daños obliga a analizar e implementar nuevos mecanismos de gestión, tales como biocidas, anticonceptivos o métodos de captura masiva, que permitan reducir de manera efectiva las poblaciones allá donde la presión es más elevada.
La organización reclama que las actuaciones dejen de depender de respuestas puntuales y se planifiquen de acuerdo con la realidad de cada zona, con recursos suficientes, responsables identificados y objetivos verificables.
JARC advierte que los agricultores profesionales no pueden continuar asumiendo en solitario las consecuencias económicas de una situación que excede su capacidad de respuesta. Por eso, reclama mecanismos ágiles y efectivos de compensación de los daños, especialmente en zonas de seguridad y en aquellos espacios donde la capacidad de actuación de los titulares de las explotaciones es limitada.
Las pérdidas acumuladas por la fauna no solo afectan una cosecha concreta: comprometen inversiones, continuidad productiva y, en los casos más graves, la viabilidad de las explotaciones profesionales.
TODAS LAS ADMINISTRACIONES TIENEN QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES
La gestión de la fauna no puede recaer únicamente sobre el Departamento de Agricultura ni sobre los titulares de las explotaciones.
JARC exige la implicación coordinada de todas las administraciones competentes, los gestores de infraestructuras y los promotores de zonas de seguridad, incluidos lo DARPA, el Departamento de Territorio y los ayuntamientos.
La organización considera imprescindible, tal y como viene reclamando hace mucho de tiempo, que «con carácter urgente los gestores de infraestructuras elaboren y ejecuten planes anuales de control cinegético en los espacios bajo su responsabilidad. No se puede trasladar al campesino el coste de una gestión que depende de competencias y decisiones públicas».
HAY QUE ACTUAR ANTES DE QUE EL DAÑO SEA IRREVERSIBLE
Otro de los puntos trasladados durante la reunión ha sido la necesidad de reducir de manera significativa los plazos de respuesta de la Administración. Denuncian que demasiado a menudo las actuaciones llegan cuando el daño ya es irreversible y las pérdidas económicas ya se han materializado.
Por ello, JARC pide un calendario concreto de actuaciones y procedimientos más rápidos, con capacidad de respuesta inmediata en las zonas donde la presión de fauna pone en riesgo cultivos y explotaciones.
La organización insiste que «la diagnosis hace años que es sobre la mesa. Ahora hay que convertir los anuncios en actuaciones efectivas y medibles. Una situación excepcional necesita medidas excepcionales, pero también presupuesto, valentía, coordinación y plazos que se cumplan».