Según ha adelantado el INE, el IPC de mayo se sitúa en el 8,7% debido a la subida de los carburantes y los alimentos. Para el consumidor la cesta de la compra de productos frescos es hasta un 9,4% más cara. Por eso, UPA Huelva destaca que si los costes de producción para el agricultor se le han elevado más de un 30% y ha percibido un precio similar que en anteriores campañas. ¿quién se está quedando con el dinero?

El índice de precios de consumo (IPC) en España volvió a subir en el mes de mayo hasta el 8,7 % interanual, cuatro décimas más respecto a la tasa de abril (8,3 %), debido principalmente a que los precios de los carburantes, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron este mes más que en mayo de 2021.

LA SUBIDA DE PRECIOS QUE PAGAN LOS CONSUMIDORES NO IMPLICA QUE LOS AGRICULTORES REPERCUTAN SUS SOBRECOSTES

Los consumidores tienen hoy en día más difícil asumir los costes de llenar la cesta de la compra con alimentos. Según un estudio de OCU, Las principales cadenas de supermercados han subido sus precios un 9,4% en el último año, pero la mitad de esa escalada se ha producido en los últimos tres meses.

Esta situación conlleva incluso una dificultad para el acceso a determinados alimentos debido a su elevado coste. Sin embargo, esta subida de precios que están pagando los consumidores no implica que los agricultores/as hayan podido repercutir los sobrecostes de producción que han caracterizado la campaña en el precio final de su producto, ya que cobra un precio similar a otras campañas.

Así lo refleja el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía que muestra como los precios en origen en esta campaña muestran evoluciones similares a campañas anteriores. Con este escenario UPA Huelva realiza la siguiente pregunta: ¿quién se está quedando con el dinero de nuestros agricultores/as y ganaderos/as?

UPA Huelva plantea que no es justificable un escenario de subidas de precios si alguno de los eslabones de la cadena no puede repercutir sus gastos en el precio final del producto. Esto genera una situación injusta sobre los agricultores/as que ponen en jaque la rentabilidad de las explotaciones. La organización apela a la Ley de Cadena Alimentaria como herramienta para detectar esta irregularidad, pero ante la inacción de las administraciones competentes, el eslabón más débil sigue siendo el agricultor/a y el ganadero/a y la Ley es una herramienta que redunda en la frustración del sector.

UPA Huelva demanda a las administraciones competentes que revisen la cadena de valor de los productos agrícolas y ganaderos de cara a detectar las motivaciones de la diferencia de precios origen-destino y en qué eslabón de la cadena es dónde se produce el mayor incremento para conocer quién se queda con el dinero. Hay que tener en cuenta por ejemplo que en el caso de los frutos rojos el agricultor/a asume los costes de producción y, a través de las cooperativas, almacenes o SATs, asume también los costes de envasado y transporte hasta los mercas o grandes superficies, con lo que estudiar pormenorizadamente la cadena de valor de los frutos rojos es asumible.